La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), conformado por 19 expresidentes de América Latina y España publicaron una declaración conjunta luego de la “estigmatización de la prensa” originada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En el comunicado señalan: “Consideramos nuestro deber abonar en favor del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, columna vertebral de la democracia; ello, con motivo del preocupante lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social a través de las redes digitales por parte del gobierno de Colombia; mientras prosigue el asesinato de periodistas protestados por la Unesco y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”.
Luego se recuerda la manera como el Gobierno se ha opuesto con algunos medios de la prensa colombiana: “En fechas recientes han reaccionado ante dichos ataques los diarios El Tiempo y El Espectador, la misma SIP, a la vez que se cuestiona desde dicho gobierno a Caracol Radio. Sucesivamente, dado el debate público sobre presuntos hechos de corrupción en la Presidencia de la República que investiga la Administración de Justicia, se descalifica a los propietarios, editores, periodistas y trabajadores de la Revista Semana, con el evidente propósito, según lo muestra la experiencia regional, de regimentar los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de Estado”.
También los expresidentes recuerdan lo que ha pasado con algunos medios en Venezuela: “Hacemos propia, en esta hora de polaridad, la doctrina claramente establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados contra Venezuela en 2009 (Caso RCTV, Ríos y otros vs. Venezuela y el caso de GLOBOVISIÓN, Perozo y otros vs. Venezuela): “En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor ala empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”.
Por último, resaltan que se debe tener en cuenta que los funcionarios públicos “tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer estos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.
Los exmandatarios firmantes son: José María Aznar, España; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Iván Duque, Colombia; Federico Franco, Paraguay; Eduardo Frei R., Chile; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle H., Uruguay; Mauricio Macri, Argentina; Jamil Mahuad W., Ecuador; Carlos Mesa G., Bolivia; Lenin Moreno, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana, Colombia; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Sebastián Piñera, Chile; Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.
Anterior pronunciamiento del grupo
En mayo 8 de 2023 este mismo grupo de exmandatarios también hizo llegar un comunicado al presidente sobre la tensión que mantenía Gustavo Petro con el fiscal general, Francisco Barbosa, y en las que afirmó: “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.
En ese momento el grupo expresó: “Saludamos la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que acompaña al fiscal general y con la que le salen al paso a lo afirmado por el presidente de la república, Gustavo Petro, en cuanto a que, como jefe del Estado, sería el superior jerárquico de la fiscalía de la Nación, una parte de la rama judicial según la Constitución vigente de 1991″.