En riesgo los esquemas de protección de la UNP: hacen falta más de 1.000 carros blindados

La seguridad de las personas que solicitan esquemas de protección en el país se encuentra en riesgo. Así lo dio a conocer el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien reveló que la agencia gubernamental actualmente atraviesa por un déficit de camionetas blindadas.

En diálogo con la revista Semana, el director de la UNP detalló que, a la fecha, de los 5.300 vehículos que dispone la entidad, solo 3.000 cuentan con blindaje lo que, según el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del Ministerio del Interior, se traduce en que hay un déficit de cerca del 20% de automotores en la entidad, de acuerdo con las órdenes de trabajo o dictámenes de riesgo, para garantizar la protección de quienes así lo solicitan.

Lo anterior, según lo dicho por Rodríguez al medio citado, significa que a la UNP le hacen falta más de 1.000 carros con blindaje, si se tiene en cuenta que tan solo entre el 1 de enero de 2023 y el cierre de esta semana, fueron 14.792 personas las que solicitaron un esquema de protección a la entidad.

El problema, de acuerdo con el director de la UNP, no solo recae en la falta de recursos de la entidad, sino también, en la modernización de la flota de automotores de la agencia gubernamental. Rodríguez explicó a la publicación bogotana que sus vehículos actualmente son contratados con compañías rentadoras y blindadoras que, en algunos casos, “no modernizaron la flota de vehículos que ofrecen porque les resulta cómodo trabajar con carros antiguos”.

Y es que, según datos entregados por la Superintendencia de Vigilancia Privada a Semana, en lo que va de 2023 tan solo han recibido 187 solicitudes de blindaje para camionetas. A ello, se le suma que, aunque los vehículos deberían tener un uso máximo de seis años, hay algunos que continúan operando después de los 10.

Ante el déficit de camionetas blindadas, Rodríguez indicó a la publicación bogotana que desde la UNP adelantan los trámites necesarios para poder adquirir los más de 1.000 automotores que necesitan bajo adquisición propia y “arriendo directo sin intermediario con empresas de renting”. De acuerdo con el funcionario, el Ministerio del Interior ya les dio el aval.

Entre tanto, el director de la UNP ha buscado mitigar el impacto de la falta de camionetas a través de dos modalidades: quienes tengan un riesgo bajo o medio de seguridad tendrán solo una persona que se encargue de su protección, y además recibirán un subsidio económico de dos salarios mínimos para que puedan trasladarse en sus propios vehículos o en taxi.

Rodríguez concluyó su entrevista con el citado medio señalando que, aunque es consciente de que hay muchas personas en Colombia que requieren un esquema de seguridad, “también hay algunos que tienen más problemas de movilidad que de protección”.

El déficit de camionetas de la UNP se da a conocer a tan solo días de que desde el Congreso de la República dieran a conocer que se prepara un debate de control político contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez y el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Giovanni Álvarez, para que rindan cuentas sobre las medidas de protección que se les están brindado a los líderes sociales y víctimas del conflicto armado en el país.

En entrevista con RCN Radio, el integrante de las curules de paz y autor de la citación, el representante John Jairo González, explicó que el debate de control político se decidió ante la creciente preocupación que hay en el parlamento colombiano sobre las amenazas y actos violentos contra las víctimas del conflicto armado que se reportan cada día.

“La UIA (Unidad de Investigación y Acusación de la JEP) tiene la potestad de proteger a las víctimas que son comparecientes o participantes ante la JEP, sean líderes o sean víctimas, pero seguimos viendo esto con mucha preocupación porque en los territorios siguen asesinando a estas personas, haciendo desplazamientos y vemos que los procesos de protección están muy lentos. Queremos que nos cuenten cuál es la metodología y por qué estas situaciones siguen pasando en municipios PDET, que es dónde más debe estar el Gobierno Nacional y también la JEP”, señaló González a la cadena radial.

Aunque aún no se conoce la fecha en la que se citará el debate de control político, de acuerdo con lo dicho por el representante al mismo medio, el proceso se adelantaría ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.