Ante secuestros de cinco personas en Chocó, familias desean desplazarse hacia otros municipios

Después de que hombres armados invadieran en el municipio de Bajo Buadó accionando con arma de fuego contra los habitantes del sector, el secretario de gobierno municipal, Janio Posso, pidió al Gobierno nacional organizar una comisión para verificar la situación real de la comunidad de Orpúa, pues no existen garantías de seguridad para llegar a la región.

Lo más preocupante es que tras la incursión armada es que cerca de 345 personas que habitan en el corregimiento manifestaron su deseo de huir de allí.

En el municipio de Bajo Baudó, Chocó, la Armada de Colombia confirmó el secuestro de cinco personas por presuntos integrantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional), que ingresaron armados invadiendo de manera indiscriminada contra los habitantes de la zona.

Estos hechos ocurrieron en horas de la mañana del domingo 11 de junio en el corregimiento de Orpúa, cuando estos sujetos irrumpieron la tranquilidad de la población y desde lanchas dispararon contra la comunidad, luego retuvieron de manera ilegal y forzosa a cuatro hombres y una mujer.

De acuerdo con el secretario de gobierno municipal, Janio Posso, los hombres no serían habitantes de la zona y huyeron por el Río Orpúa con dirección desconocida.

“Una embarcación llegó con personal armado y llegaron disparando a la comunidad; según lo que nos reporta la armada, podría tratarse del Clan del Golfo; no hubo heridos, pero se llevaron a cinco personas de la comunidad; estamos preocupados porque las familias han pensado en desplazarse”, indicó.

Por el momento, no se han podido identificar las identidades de los secuestrados, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda debido a estos hechos de orden público.

Por otro lado, el comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22, teniente Coronel de Infantería de Marina Isidro Barrero Vera, señaló que se reforzó la seguridad y el control de la zona con miembros de la Armada de Colombia.

“De acuerdo a la información, entró un grupo armado disparando contra la población, donde llegaron al muelle y a las calles. De manera inmediata se instala unos pelotones y se restableció la seguridad dentro de la zona”, informó Barrero.

Finalmente, la Alcaldía de este municipio del Chocó pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General conformar una comisión de verificación para hablar del tema.

En cuánto al monseñor Héctor Fabio Henao, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, en diálogos con Colombia+20, explicó qué va a pasar con crímenes como el secuestro en la mesa de negociación:

“Lo que va a ocurrir es que las comunidades afectadas por acciones van a poder ponerlas en conocimiento del mecanismo, y este debe pronunciarse. Allí se usa la palabra retenciones, pero podemos entender también en el caso de secuestros. Eso se tramita hacia el mecanismo que debe hacer recomendaciones a la mesa y de allá se toman los correctivos del caso, entonces ahí no hay una exclusión de ninguna actividad que tenga que ver con lesiones de derechos o garantías para la población”, dijo el sacerdote.

El viernes 9 de junio se conoció que el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN desde La Habana, Cuba, decretaron un cese al fuego bilateral que iniciará el próximo 3 de agosto. Tras días de este anuncio, el comando de la Octava División del Ejército acusó al la organización criminal de ser el responsable del secuestro de dos personas en el departamento de Arauca.

De acuerdo con información brindada por el Ejército Nacional, una de ellas es Jennifer Arboleda, esposa de un teniente de la Fuerza de Tarea Quirón. La mujer de 28 años viajó el martes 13 de junio desde Saravena a Arauquita a dejar una encomienda a su pareja, pero en su regreso fue interceptada por los guerrilleros.

“Una de las personas corresponde a la esposa de uno de nuestros militares quien pertenece a la Fuerza de Tarea Quirón, y de un conductor civil de transporte público. Este crimen de lesa humanidad, y de acuerdo con lo informado, ocurrió en la tarde del 13 de junio del presente año, cuando la señora esposa del militar se movilizaba en un vehículo público”, señaló el Ejército a través de un comunicado.

En compañía de la esposa del militar estaba el conductor del vehículo público en el que se transportaban, quien también fue secuestrado. Este hecho fue catalogado por la institución militar como “crimen de lesa humanidad”.

De igual manera, el Ejército rechazó este tipo de hechos violentos: “rechazamos categóricamente este acto criminal que viola los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario”.