Alertan por altos índices de violencia y criminalidad en diez departamentos

La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió que diferentes entidades nacionales se articulen para poder hacer frente a las problemáticas de violencia y criminalidad que se registran en 10 departamentos del país. De acuerdo con el organismo de control, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar son las zonas de Colombia en donde la situación de seguridad es más grave.

La PGN generó la alerta luego de haber llevado a cabo espacios de diálogo con ministerios y organismos de control de los diferentes departamentos. “Fue posible determinar que, aunque existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural, no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales en los territorios”, explicó el Ministerio Público.

En la evaluación que hizo la PGN no se pudo encontrar acciones concretas en las que las diferentes entidades trabajen de forma conjunta para hacer frente a la criminalidad y la violencia. Aseguró entonces que actualmente los departamentos cuentan con priorización territorial, con estadísticas de criminalidad y con lineamientos estratégicos institucionales.

Sin embargo, esos puntos han sido insuficientes para atender la situación de seguridad que azota a sus habitantes. Por eso, “la Procuraduría evidenció la necesidad de adelantar acciones integrales a partir de las capacidades de cada institución”, aseguró el órgano de control.

El ente de control explicó que los departamentos en cuestión no tiene una comunicación fluida entre la ciudadanía y los organismos encargados de la seguridad en los territorios. También, hay problemas con el manejo de la información relacionada con la criminalidad y la violencia, pues falta que se hagan consolidados, análisis y divulgaciones de los datos registrados en cada municipio y departamento en materia de orden público.

De acuerdo con la Procuraduría, en estas zonas del país hay presencia de grupos armados y de bandas criminales que ponen en riesgo la seguridad de la población y, además, genera desgaste en las autoridades que deben hacer frente a las situaciones de violencia. “[Su presencia] desgasta las capacidades de actuación del estado”, enfatizó el ente de vigilancia.

“Las situaciones identificadas por la Procuraduría fueron socializadas con los diferentes actores, en el marco de una mesa interinstitucional, espacio en el que se alertó sobre la necesidad de una hoja de ruta contingente para el presente año frente a la ejecución de los actuales Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc) y los que se formularán para el periodo 2024-2027”, explicó la entidad.

En el espacio de socialización se evaluó activar diferentes instancias de coordinación para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en los departamentos, además de generar acciones concretas que logren resultados a corto plazo. Estos son los consejos y comisiones que se activarían:

• El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
• La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (Ciprunna)
• La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Comités y Subcomités de Prevención y Protección en el nivel territorial

De acuerdo con cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo en abril, en el primer trimestre de 2023 el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados aumentó en un 53.3%. La entidad registró 23 casos de reclutamiento de menores de 13 a 17 años, de los cuales 13 son niños y 10 son niñas. Estos episodios se presentaron en Cauca, con 16 reportes; Amazonas, con cuatro; Antioquia, con dos; y Arauca, con uno.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la mayoría de las acciones de reclutamiento han afectado a las comunidades étnicas del país y a personas que habitan las zonas rurales dispersas. “[Allí] la presencia institucional es escasa y las rutas de atención no cuentan con enfoque diferencial. Por tal razón, mi llamado es a fortalecer los recursos financieros y de personal, la respuesta institucional, que haya una mayor capacitación, mejores equipos tecnológicos y más funcionarios competentes; en especial, que sea promovida la oferta social y educativa como una medida para prevenir la ocurrencia de estos hechos”, enfatizó el defensor del Pueblo ante la revelación de las cifras.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la percepción de inseguridad en el país pasó de 44% en 2021 a 52.9% en 2022. Según la entidad, las mujeres son las que se sienten más inseguras en Colombia, pues representan el 55,6% de las personas encuestadas; los hombres, por otro lado, son el 50% de la muestra.