
Una controvertida situación viven los habitantes de Bello, Antioquia, luego de que Óscar Pérez, quien venía ejerciendo como alcalde del municipio hasta hace pocos días, fuera retirado de su puesto tras ser sentenciado por el Tribunal Superior de Medellín a 10 años de prisión por temas relacionados a un contrato que gestionó en el 2010, cuando ejercía su primer periodo como mandatario del pueblo.
Tras su salida, los ciudadanos que residen en el municipio verán cómo llegará un quinto mandatario a ejercer como alcalde en menos de 8 años, luego de que algunas decisiones hayan dictaminado la salida de los dos últimos funcionarios que habían sido elegidos mediante el voto popular, tal como fue el caso de Cesar Suárez y de Pérez, quien ya había ejercido como alcalde años antes.
Las anticipadas salidas de los mandatarios generaron que llegaran tres encargados para que completaran los periodos de gobierno, los cuales quedaron a mitad de camino, situación que ha afectado el desarrollo del municipio, que no ha podido completar una etapa administrativa en los últimos años, impidiendo así el avance en varios proyectos en pro de la infraestructura del pueblo.
La salida de Cesar Suárez, quien cumplió con el periodo comprendido entre 2016 y 2019, se registró luego de que se le comprobara que había falsificado su título de bachiller, razón por la cual fue procesado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal.
Suárez fue retirado de su cargo en dos oportunidades mientras se adelantaba el proceso en su contra, lo cual generó que fueran delegadas dos alcaldesas encargadas, Gloria Elena Montoya y Viviana María Zapata, quienes tuvieron cortas fases de mandato mientras que el sindicado mandatario luchaba porque le retornaran a su puesto.
Ahora, tras la salida de Pérez Muñoz, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, deberá nombrar un nuevo mandatario encargado hasta el 31 de diciembre de 2023, el cual deberá ser elegido por una terna que envíe el Centro Democrático, partido del saliente alcalde, para que ejerza hasta que el siguiente funcionario que sea elegido mediante votación popular llegue a ocupar el cargo.
La salida del más reciente alcalde del municipio se basa en un contrato que firmó el 1 de octubre de 2010 en medio de su primer periodo como mandatario, en el cual la Fundación Semillas de Guadalupe, representada por Harold Hincapié Rivera, figuraba como contratista del vínculo 1159 el cual tenía como objetivo coordinar y ejecutar el proceso electoral del Consejo Municipal de la Juventud del pueblo por un monto equivalente a $180 millones de pesos y que tenía como plazo de ejecución tres meses.
La firma del mandatario se radicó una vez la oficina de asesoría jurídica del municipio, encabezada por Hans Wagner Jaramillo, le diera el visto bueno luego de reconocer la idoneidad de la Fundación Semillas de Guadalupe sin ánimo de lucro, además de elaborar la minuta del contrato en hechos que se registraron el 19 de septiembre de 2010.
A pesar de que la encargada de realizar la firma era la secretaria de Bienestar e Integración Social, el alcalde plasmó su firma debido a que la funcionaria se declaró impedida porque su hijo estaba postulado para pertenecer al Consejo Municipal de la Juventud, plasmándose así los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación.
La decisión del Tribunal Superior de Medellín en la que condenaba a Óscar Pérez, también dictaminaba las sentencias de 7 años y 6 meses de prisión a Harold de Jesús Hincapié Herrera, representante legal de la Fundación Semillas de Guadalupe, y de 5 años y 4 meses de prisión a Hans Wagner Jaramillo, exasesor jurídico del municipio.
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