El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, durante el XXV Congreso de Andesco, aseguró que la reforma al régimen de servicios públicos que propone el Gobierno busca que las comunidades sean partícipes de la regulación y supervisión de los mismos.
“Los usuarios y usuarias serán el centro de la regulación y supervisión de la prestación de estos servicios, sin desconocer la necesaria sostenibilidad de las empresas que los generan y operan”, aseguró el funcionario.
La iniciativa busca que las comunidades se integren a los procesos de regulación de la prestación de los servicios, sobre todo, en lo que respecta a las tarifas de los mismos. Esta proposición se une a la que el presidente Gustavo Petro ya hizo, la cual presenta a los usuarios como los responsables de proveer los servicios, a pesar de que no cuentan con el conocimiento técnico para ello.
“Se analiza su participación en la elaboración de la regulación, especialmente en el régimen tarifario”, explicó el superintendente. Además, dijo que se respetará el debido proceso en las reclamaciones que hagan y que empezará a regir un código de derechos y deberes de empresas y suscriptores de los servicios. De esta manera ya no se manejará el contrato de condiciones uniformes que actualmente se pacta entre las partes.
Sin embargo, el aparente traslado de responsabilidades ya ha generado controversias en las empresas prestadoras de servicios. Pues, aunque el superintendente asegura que no se ignorará la importancia de que las compañías puedan sostenerse económicamente, la propuesta podría afectar la parte financiera de las mismas. Además, señalan que se estaría desconociendo los logros que ya han tenido durante su tiempo de trabajo.
“Las empresas de servicios públicos aquí reunidas no estamos en contra de una revisión para introducir mejoras en la legislación actual, pero nos preocupa que se desconozcan las inversiones, el trabajo y los resultados que se han logrado en los últimos 30 años, argumentando que nuestro único interés ha sido llenar el bolsillo de nuestros accionistas”, dijo Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), durante el encuentro.
Ahora bien, el superintendente también dijo que la entidad y el Gobierno Petro sí reconocen los resultados que ha tenido hasta el momento el modelo actual de prestación de servicios públicos y que lo que busca es actualizarlo y democratizarlo. “Reconocemos los logros del régimen vigente y, bajo ese entorno, la propuesta contempla actualizaciones y nuevas disposiciones para atender la realidad del país. Las reformas deben responder al programa de Gobierno del Cambio “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, al Estado social de derecho que consagra la Constitución Política y a la doctrina de la Corte Constitucional expedida en materia de servicios públicos para poblaciones desprotegidas”, aseguró Quiroga.
Los objetivos de la reforma al régimen de servicios públicos
La propuesta también involucra a los usuarios en uno de sus objetivos, el cual se centra en la protección y gestión del agua. Pues, se busca que tanto prestadores del servicio como comunidades organizadas se encarguen de esta tarea. Este punto se plantea para “asegurar el ordenamiento del territorio alrededor del agua”, según informa el comunicado de la Superservicios.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es el fortalecimiento de las comisiones de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de energía y de gas. Asimismo, se incluye el mejoramiento de la Superintendencia de Servicios.
Por otro lado, la iniciativa propone mejorar la eficiencia en la gestión de los residuos y, para eso, busca que el reciclaje deje de entenderse como un servicio de aseo y se vea como un servicio público. “Esto con el fin de avanzar en las acciones afirmativas hacia la población de recicladores de oficio, fomentar la transición hacia una economía circular; y establecer prácticas más efectivas y eficientes en la gestión de los residuos sólidos”, explicó la entidad.