Estos son los contratistas responsables de algunas de las obras de valorización sin terminar en Bogotá: “No hay coordinación”

Desde el año 2022, en el Concejo de Bogotá se ha venido debatiendo acerca de la situación de las obras de valorización en la capital del país. En cinco años, dicen los funcionarios denunciantes, solo se ha entregado uno de los 16 contratos que quedaron pactados durante el 2018 por costos que ascienden a los 900.000 millones de pesos.

“Queremos que el IDU nos diga por qué, hace casi 4 años, hicieron un cobro de valorización para 16 obras de las cuales 15 siguen sin terminar, y lo único que han logrado es llenar los barrios de huecos, basuras e inseguridad. Queremos que le respondan a la ciudadanía por qué esas obras estuvieron mal planeadas desde el comienzo, por qué no tenían estudios y diseños completos antes de contratarlas y por qué no ha ejercido ningún control sobre los contratistas incumplidos”, señaló sobre esta problemática el concejal Diego Laserna, citante del debate de control político pactado para hablar de ello.

“Estas demoras no solo van en detrimento del erario público, sino en contra de los cientos de habitantes y comerciantes que se han visto afectados por los retrasos de las obras que, se suponen, deberían estar entregadas, en su mayoría a mediados de 2022″, añadió Laserna.

De las 16 obras, la única que se ha realizado es la de la ciclorruta Canal Molinos, ubicada entre la carrera 9.ª y la autopista Norte, gracias al Acuerdo 724 de 2018. Aquella construcción costó 18.000 millones de pesos. Las 15 construcciones restantes tienen extensos retrasos. El puente de la 9.ª con 112, por ejemplo, tiene apenas el 36% de avance, aun y cuando la obra fue contratada en el año 2020. Su construcción se frenó en el 2022. El IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) declaró la caducidad del contrato a causa de los ineficientes adelantos.

Esta obra, de acuerdo con lo que reveló en un debate dentro del Concejo la funcionaria Marisol Gómez, le costó al IDU cerca de 1.700 millones de pesos. Los diseños de la construcción fueron entregados por la empresa HMV Ingenieros Ltda, en septiembre del 2019. La empresa interventora del proyecto, CB Ingenieros S.A.S., aseguró que el IDU había pagado por unos diseños que habían quedado mal hechos.

La determinación de la empresa interventora hizo que la ejecución del proyecto se atrasara otros seis meses. En agosto del 2020, la obra fue contratada con el consorcio Infraestructura 2020, aquel compuesto por las compañías Infraestructura y vías, Marlín Ingeniería, GCS Construcciones y Jesús Vargas Rodríguez.

Según la concejal Marisol Gómez hubo un error en la elección de los contratistas, pues de las empresas nombradas, solo la primera mencionada (Infraestructura y vías) tendría la experiencia suficiente para asumir su posición en el proyecto. Esta compañía, sin embargo, a pesar de tener años de trabajo, tiene en su historial algunos incumplimientos, específicamente, en Arauca y Santander.

“Los errores vienen de Colombia Compra Eficiente, que tiene unos pliegos tipo, que dicen que un constructor, aunque haya tenido sanciones, puede participar en una licitación. También del IDU por no revisar a detalle al contratista”, dijo la concejal.

Se une a la polémica la empresa encargada de la interventoría, el consorcio RJ&P Metro. Según quienes cuestionan ello, la compañía no advirtió de la falta de avances en la obra. En mayo del 2022, cuando por fin se hizo la alerta, el consorcio le cedió el contrato a las empresas CivilTech, Pacific Constructors y Mega Andina de Inversiones. Aquellas compañías manifestaron no tener los recursos para sostener el proyecto. En mayo de este año, 2023, el IDU declaró la caducidad del contrato.

Tal y como se establece en un comunicado de prensa compartido por parte de la vocería del concejal Laserna, el IDU ha ‘pecado’ en siete aspectos. “Pese a que en 2018 el IDU aseveró que la participación ciudadana alcanzó los 48.000 ciudadanos, la verdad es que la asistencia a los espacios de participación no llegó ni al 3% del total de la convocatoria. Por otro lado, no hay pruebas de que las propuestas ciudadanas se hayan incluido en los diseños finales”, se indica en el documento al hablar de la primera falla.

“El IDU sigue cobrando la valorización antes de hacer las obras y la historia ha demostrado que esto ya ha salido mal (...) se cuelan contratistas no calificados. Los contratistas no tienen experiencia suficiente para hacer las obras ni tampoco la capacidad financiera ni operativa (...) no hay una coordinación entre todas las entidades que tienen que dar permisos para hacer las obras (...) el IDU no supervisa de manera eficaz los contratos y no ha puesto sanciones a los contratistas que incumplen con la entrega de obras (...) el IDU sí le cobra a la gente y además han iniciado cobros coactivos”, se lee en los demás aspectos a mejorar que destaca el concejal.

En lo que respecta a las conexiones peatonales de la calle 73, de la calle 79B, y de la calle 85, se habla de avances del 23, 46 y 36 por ciento, respectivamente. Aunque las obras iniciaron en diciembre del 2020, a cargo de C.I. Grodco Ingenieros Civiles, no han concluido.