Capitán de la Dijín guardó silencio en interrogatorio por escándalo de las “chuzadas” en el caso Laura Sarabia

El capitán de la Dijín, Carlos Correa Loaiza, es la primera persona que asistió a la cita de la Fiscalía General por las ‘chuzadas’ ilegales a las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea (la primera fue la niñera del hijo de Laura Sarabia, y la segunda sigue laborando como empleada del servicio en esa casa).

La Fiscalía investiga si se cometieron delitos como fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones. Por todo esto, Correa fue citado a interrogatorio.

La diligencia se desarrolló en la sede del antiguo DAS y, según el defensor judicial del capitán, Miguel Ángel del Río, Correa Loaiza asistió al interrogatorio, pero decidió guardar silencio. Hoy también estaban citados Miguel Ángel del Río, quien dijo que no asistiría, y Carlos Alberto Feria Buitrago, el jefe de la casa militar, quien tampoco asistió porque está de viaje en Alemania con el presidente Petro.

La explicación de la citación del capitán es por su presunta participación en las interceptaciones ilegales de las líneas telefónicas de la exniñera Marelbys Meza y a la trabajadora de servicios domésticos Fabiola Perea.

El organismo delegó seis fechas para dar inicio a las citaciones por tres casos puntuales: la extraña muerte del coronel Óscar Dávila, la pérdida del dinero en la casa de Laura Sarabia y por las ‘chuzadas’ ilegales a las extrabajadoras de la ex jefa de gabinete del Gobierno Petro.

Por el proceso de la pérdida de dinero en la casa de Laura Sarabia, la exfuncionaria fue citada por la Fiscalía para el jueves 22 de junio. Por el uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia, el ente investigador abrió dos indagaciones por abuso de poder y peculado, por lo que fueron llamados a interrogatorio el capitán Elkin Augusto Gómez (comandante jefe de la oficina de polígrafo), el intendente John Alexander Sacristán (poligrafista) y el coronel Carlos Alberto Feria -esta citación está programada para el 21 de junio-.

También el conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Harold Rendon, asignado a la ex jefa de gabinete de Presidencia y la subintendente Luisa Calle, quien hace parte del esquema de Laura Sarabia, fueron citados a declarar bajo juramento el martes 20 de junio. Además, el exembajador de Colombia Armando Benedetti fue citado a declaración juramentada el viernes 23 de junio para que explique las afirmaciones hechas por la presunta financiación ilegal de la campaña política de Petro en el 2022.

La Fiscalía General ha mencionado que en las diligencias de interrogatorio tienen dos objetivos: avanzar a las investigaciones y ofrecer una primera posibilidad de defensa para los procesados. En el marco de las interceptaciones, se esperaba obtener información de los principales protagonistas, los policías comprometidos con las “chuzadas”, pero estos se negaron a entregar declaraciones al organismo.

Estos uniformados habrían sido citados al búnker de la Fiscalía para diligencias de interrogatorio y así escuchar de su propia voz cómo se obtuvo la información que asignaron en la solicitud de interceptación a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, las dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno. Los policías se acogieron al derecho a guardar silencio, como estrategia de defensa.

El ente acusador esperaba conocer detalles sobre quién ordenó incluir en el reporte falso los datos de Marelbys y Fabiola Perea, informe que convirtió a las exempleadas en presuntas integrantes del Clan de Golfo y que eran conocidas con los alias de La Madrina y La Cocinera. En el informe de los investigadores, las mujeres eran encargadas de recopilar información de inteligencia para un cabecilla de la organización criminal, alias ‘Siopas’, encargado del Clan en el Pacífico. Todo quedó consignado en la solicitud de interceptación que hizo un patrullero de la (Dijín) a la Fiscalía.

Los pormenores de la interceptación se conocerían ahora con las declaraciones de los patrulleros, pero esto no fue posible debido a su negativa a declarar en el ente acusador. La defensa del patrullero, que firmó la solicitud de interceptación, afirmó que las condiciones que expone la Fiscalía para los interrogatorios no se enmarcan en las garantías del debido proceso.

Miguel Ángel de Río, defensor del patrullero, mencionó: “Por qué Fiscalía no se pregunta, por ejemplo, por qué el fiscal que tuvo en su despacho la solicitud de interceptación, mantuvo activo el procedimiento por otros siete días, después de que el patrullero le informó que no era necesario, pues las primeras verificaciones no arrojaron nada”.

Según el defensor, es evidente que no existe un ánimo de preservar los derechos del procesado por parte de la Fiscalía General, incluso afirmó que el proceso solo se trata de un intento por sumar evidencia para procesar a su cliente. Del Río advirtió que tanto él como su cliente están atentos a acudir cuando los fiscales convoquen, pero en las condiciones propias y en el marco del debido proceso.