Aseadoras de colegios públicos de Medellín protestaron ante falta de pago

Según indicaron las manifestantes, llevar 40 días sin recibir pago, a pesar de que desde la Alcaldía indican que les fue desembolsado el dinero

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Las operarias de aseo se
Las operarias de aseo se congregaron en el sector de La Alpujarra para reclamar el pago de sus nóminas. Foto: Denuncias Antioquia

Una nueva manifestación se registró en pleno centro de Medellín en frente de la Alcaldía de la ciudad por parte de un grupo conformado por 150 de las 1.090 aseadoras de todos los colegios públicos de Medellín, quienes protestaron contra la empresa contratista a la cual están afiliadas, causando algunos problemas de movilidad en aquel sector de la capital antioqueña.

Las mujeres que se congregaron en el sector de La Alpujarra realizaron un plantón en el lugar para hacerle saber a los altos mandos de la ciudad su inconformidad por la falta de pago por parte de la compañía a la que están adscritas, en medio de una caótica situación para ellas y sus familias, muchas de ellas dependiendo única y exclusivamente del pago de nómina que, según ellas, no se les ha desembolsado.

Según informó El Colombiano, las aseadoras completan más de 40 días sin recibir el pago por sus labores de parte de la empresa contratista Outsourcing Giaf, la cual tiene sede en Bucaramanga y que las ha perjudicado notoriamente para cumplir con el desembolso de los servicios de cada una de sus viviendas así como los gastos de los integrantes de sus familias.

En medio de la búsqueda de que las autoridades les prestaran atención sobre su situación, el grupo de aseadoras bloqueó la calle San Juan, una de las más concurridas en ese sector de la ciudad, y luego se trasladaron hacia La Alpujarra, en donde llamaron la atención de los transeúntes que viralizaron la protesta a través de redes sociales.

Una vez plantadas en La Alpujarra, las aseadoras fueron convocadas a una mesa de debate junto con a la Secretaría de Educación y la Personería de Medellín en la cual se les brindó la oportunidad de ahondar en sus denuncias y expresar sus inconformidades con respecto a la situación que han vivido durante los últimos dos meses.

Una de las voceras del grupo de manifestantes indicó que en la reunión algunos representantes de la Secretaría determinaron abrir un proceso de incumplimiento en contra de la empresa Outsourcing Giaf debido a que varios de sus trabajadores no cuentan con los derechos mínimos para ejercer sus labores tales como la afiliación a una EPS o una caja de compensación.

Las trabajadoras también denunciaron que la empresa nunca les ha respondido por la dotación, además de que sus labores de aseo la han debido hacer sin guantes, elemento básico para ejercer en sus puestos de trabajo, situación a la que se comprometieron desde la empresa, en cabeza de su representante legal Mauricio Ruge Murcia, a entregar.

Los emisarios de la compañía se comprometieron además a ponerse al día con el tema de nóminas, así como con los términos en derechos laborales, situación que remarca una polémica teniendo en cuenta que el contrato que la empresa mantiene con la Alcaldía contempla una suma de 11.500 millones de pesos.

A pesar de que desde la entidad que dirige el alcalde Daniel Quintero manifestaron la compañía había realizado el pago de nómina desde el miércoles 14 de junio de 2023, las aseadoras solo habrían recibido el pago de $924.000, quedando un saldo pendiente por pagar de $613.000 y por el cual se habría registrado la manifestación el jueves 15 de junio.

Una de las voceras del grupo de manifestantes indicó que se volverán a manifestar en pocos días en caso de que la empresa no les responda por el dinero pendiente para el próximo martes 20 de junio de 2023, cuando completarían casi 50 días sin recibir los pagos en su totalidad.

Según indicó El Colombiano, la misma empresa que a hoy enfrenta problemas con las aseadoras en Medellín ya había presentado los mismos problemas en ciudades como Dosquebradas, Risaralda y Villavicencio, razón por la cual le fue abierta una investigación por las autoridades alegando incumplimiento en los contratos.

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