Alertan por posible éxodo de colombianos desde Venezuela: ¿qué pasó?

Por medio de un comunicado de prensa del 15 de junio, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, envió una advertencia al Ministerio de Relaciones Exteriores. En el documento pide la activación de los planes de contingencia por la deportación de 7.000 colombianos por parte de las autoridades del régimen de Venezuela. Aseguró que se convertiría en el mayor éxodo en los últimos años.

Los colombianos estarían trabajando en las minas de extracción aurífera en el vecino país, en el Parque Nacional Cerro Yapacana, ubicado en el estado Amazonas de Venezuela. Los departamentos de recepción serían Vichada y Guainía.

Por eso, se hizo un llamado a la Cancillería colombiana, con el fin de que esta cartera implemente los mecanismos existentes para garantizar el debido proceso y derecho de defensa en los colombianos detenidos por los militares venezolanos.

Desde la Defensoría del Pueblo se explicó que los connacionales que trabajan en las minas, están expuestos a la vulneración de sus derechos fundamentales. Muchos de ellos son miembros de comunidades indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.

“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, señaló el Defensor del Pueblo.

Se trata de minas cercanas a la frontera sur de Colombia con Venezuela, próximas a Inírida, capital del Guainía. Al sitio se puede llegar con tan solo tres horas de navegación fluvial.

Por su ubicación resultan muy atractivas para los pobladores de la Oniquia, principalmente, para las personas en condiciones de marginación social que buscan alternativas de sustento económico, a pesar de la presencia de grupos armados ilegales en la zona.

La Defensoría aseguró que en caso de presentarse una deportación masiva, se trataría del mayor éxodo masivo de las últimas décadas, situación particularmente grave teniendo en consideración las limitaciones del Estado colombiano en los departamentos de Vichada y Guainía.

Desde finales de 2022, las Fuerzas Militares venezolanas han capturado a varios colombianos en la zona, bajo los cargos de participar en la extracción ilegal de minerales y por la afectación al medioambiente

“Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, concluyó Camargo.

En el llamado también se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores establecer mecanismos de cooperación, por medio de los cuales se aborden las vulneraciones sociales y respete el derecho a la movilidad, desde un enfoque preventivo y humanitario.