Por medio de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, académicos, líderes sociales y políticos anunciaron su respaldo a la controvertida reforma a la salud que propone el Gobierno. Los firmantes de la misiva aseguran que el proyecto debe ser aprobado, puesto que no representa ningún riesgo para el sistema de salud colombiano.
“Como expertas/os del campo de la salud, consideramos que la reforma propuesta de salud no compromete el camino recorrido en el sistema de salud colombiano, porque reconoce sus aportes, pero también sus profundos problemas”, argumentaron los académicos y demás firmantes en la carta, compartida por el Ministerio de Salud en Twitter.
Quienes respaldan la iniciativa también resaltaron la priorización de la prevención de enfermedades que busca la reforma. “Tal y como lo demuestran las experiencias internacionales de sistema de salud de base pública con modelos de APS, en tanto se trabaja en la promoción y la prevención, se evita que la salud se deteriore y se aminoran los costos de atención”, señalan en la misiva.
Asimismo, se refirieron a las posibles problemáticas en materia fiscal que algunos dicen que podrían surgir de ser aprobada la reforma en el Congreso de la República. “Hablan de que la reforma conllevará riesgos fiscales, bajo el argumento de que la demanda de servicios será desbocada ¿O sea que la fórmula es seguir contendido la atención (sic), como lo hacen hoy las EPS y que, de paso, las beneficia económicamente al no tener que hacer uso de la UPC?”, cuestionaron los expertos.
Dicen entonces que la reforma a la salud debe mantenerse para lograr un uso adecuado de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos. “[Debe mantenerse] para contar con un sistema de información integral que dé cuenta del uso de los recursos del sistema y de las realidades de salud de las personas y los grupos sociales para orientar las intervenciones territoriales de salud”, enfatizaron los firmantes.
Algunos de quienes decidieron anunciar su respaldo a la reforma son: Camilo González Posso, exministro de Salud y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); Juan Guillermo Rojas, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública (Udea) de la Universidad de Antioquia y consultor nacional e internacional de la OPS/OMS; Saúl Franco Agudelo, ex-comisionado de la Comisión de la Verdad; María Doris González, presidenta del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess); y Jorge Bernal, secretario de Salud de Santa Marta.
Las críticas a la reforma
La reforma a la salud tiene muchos detractores: políticos, expertos y ciudadanos. Aseguran que el proyecto representa un riesgo de corrupción y de politiquería. Unos, como el Partido Liberal, han pedido que la discusión sobre su aprobación se lleve a cabo en el segundo semestre de la legislatura, que empieza el 20 de julio; otros, como el Partido Conservador, solicitan que se archive.
“[La iniciativa] no tiene incentivos a la contención sana del gasto y conducirá a una quiebra inminente y no garantiza el derecho a la salud”, dice un texto que el Partido Liberal presentó en uno de los debates de la reforma, titulado ‘Por qué el proyecto de ley de reforma a la salud destruye el sistema’.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, también ha criticado varias veces el proyecto de reforma por aspectos relacionados con la vulneración del derecho a la salud de las personas de menores recursos en el territorio. Asegura que la reforma generaría una mayor segregación entre las clases medias y altas del país, además de que las personas en condición de pobreza estarían en un sistema “desbordado”.
Lo mismo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría, quien reiteró que la Anif no tiene la capacidad de aumentar el procesamiento de facturas. Esto lo resaltó al ver que la reforma busca que la administración de los recursos de la salud quede bajo la responsabilidad de la Adres y no bajo las EPS.
“El mismo director de la Adres dijo en el Congreso que la entidad no tiene la capacidad de asumir todo eso. Hoy en día la Adres tiene capacidad para procesar 50.000 facturas mensuales, mientras las EPS procesan cerca de 8.000.000 de facturas mensuales”, señaló el presidente de la Anif durante el seminario ‘Reforma a la Salud, ¿qué pasará con el aseguramiento y la sostenibilidad financiera?’.
“La población de mayores ingresos no tendrá problema porque se va a atender a través de seguros privados, como en Estados Unidos, o hará lo que tenga que hacer. Pero la población de menores ingresos se verá sometida a una segmentación muy grande en la atención, que lo que va a hacer es que aumente el gasto de bolsillo y la gente pierda bienestar cuando tenga problemas de salud”, añadió Santamaría.