Emilio Tapia fue trasladado a un batallón del Ejército en Malambo, Atlántico

El juez Primero Promiscuo municipal de Malambo con funciones de control de garantías, Franklin de Jesús Bedoya Mora, en cumplimiento de una acción de Tutela, ordenó el traslado de Emilio José Tapia Aldana al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, cuya sede se encuentra en esa misma población del departamento del Atlántico.

Este recurso fue interpuesto por la familia del condenado, entre los que se encuentra su compañera sentimental e hijos, los cuales apelaron “a sus derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, la igualdad y dignidad humana”.

El empresario fue uno de los presos que se encontraba en el pabellón de Reclusión Especial de la Penitenciaría de El Bosque, en la capital del departamento del Atlántico, y que no pudo ser trasladado a otro centro de reclusión después que el Inpec expidiera la Resolución N°. 004680, en el que se suprimió este espacio para servidores públicos, el pasado 26 de mayo.

La orden para el traslado de Tapia fue generada el pasado viernes 9 de junio. Esta persona está condenada por el carrusel de la contratación en Bogotá y otros hechos de corrupción.

Hay que resaltar que Emilio Tapia y Carlos Mattos fueron los dos únicos reclusos que quedaron en Barranquilla, luego de que fuera cerrado el pabellón para funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de esta ciudad.

Emilio Tapia estuvo también involucrado en el escándalo denominado ‘Centros Poblados’, que está relacionado con una serie de contratos suscritos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados, que pretendía llevar a 7.000 escuelas rurales. Se dice que Tapia fue el cerebro de este escándalo a través de la firma ICM Ingenieros.

Esta empresa, según la información de la Fiscalía, hacía parte de la Unión Temporal Centros Poblados que fue elegida en la licitación del contrato por $70.000 millones para llevar el servicio de internet a diferentes regiones apartadas y sin conexión del país y que desembocó en un escándalo de corrupción en el que se vio involucrada la exministra de las Tic, Karen Abudinen, entre otros funcionarios.

El pasado mes de mayo, la Superintendencia de Sociedades confirmó la multa contra Emilio Tapia por un total de $232.000.000 por no dar a conocer en su registro mercantil su condición de controlante de ICM Ingenieros S.A.S. en Liquidación Judicial y Omega Buildings Constructora S.A.S. en liquidación judicial.

Además, este mismo mes un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente ante un juez de conocimiento a Emilio Tapia por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado, en relación con la presunta participación en distintos actos de corrupción, identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.

Por medio de un comunicado el ente investigador indicó que para dicha diligencia se agruparon tres casos que se llevaban contra Emilio Tapia, en los que quedaron en evidencia supuestas conductas ilícitas.

“Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos”, indicó la Fiscalía en el comunicado.

Otro de los procesos que se tienen en contra de Tapia, es por la falsificación de documentos bancarios que fueron presentados en algunos procesos licitatorios ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali) en el año 2021, para desarrollar proyectos relacionados con el tratamiento de agua potable (PTAR), por un valor de unos 6.000 millones de pesos. Ante esto la Fiscalía se pronunció indicando que este empresario había adulterado documentos con el fin para quedarse con los contratos.