Alerta en Sur de Bolívar por el secuestro de cinco personas

De acuerdo con la Federación Agrominera de esa región, entre las personas secuestradas está una estudiante de la Universidad de Pamplona y el secretario de Movilidad de Santa Rosa del Sur

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A través de un pronunciamiento
A través de un pronunciamiento la organización no solo rechazó el hecho, sino que enfatizó en que esta es una clara violación al derecho internacional humanitario. FOTO: Colprensa (Archivo)

En la tarde del lunes 12 de junio, fue emitida una alerta sobre la retención ilegal de cinco personas en el municipio Santa Rosa del Sur, ubicada en la región Sur de Bolívar.

De acuerdo con la Federación Agrominera de esa zona del país (Fedeagromisbol), cuatro de los cinco secuestrados por grupos ilegales son funcionarios de la alcaldía municipal; en tanto que la persona restante es una estudiante de la Universidad de Pamplona.

A través de un pronunciamiento la organización no solo rechazó el hecho, sino que enfatizó en que esta es una clara violación al derecho internacional humanitario contra personas protegidas “por las normas humanitarias que son de obligatorio cumplimiento”. De paso, exigió la liberación inmediata de los civiles para su pronto encuentro con sus familias.

En el comunicado, el colectivo pidió que los grupos ilegales presentes en esa zona cesen las acciones violentas que involucran a actores civiles y se acojan a un cese de hostilidades “que permita avanzar en el logro de beneficios humanitarios y baje la intensidad de la confrontación armada” que deja como víctimas principales a los habitantes de la región.

“Exigimos la liberación de las 5 personas retenidas en el Sur de Bolívar y a los grupos armados que cesen las acciones que afectan a la población civil de nuestro territorio”, indicó la Federación Agrominera del Sur de Bolívar durante el lunes festivo.
En su pronunciamiento, la organización
En su pronunciamiento, la organización exigió la liberación inmediata de los cinco secuestrados. Twitter.

En esa zona están presentes el frente 37 de las disidencias de las extintas Farc, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras criminales de carácter local y se presunte que alguna de estas fue la autora de la retención ilegal.

Según Fabio Mendoza, alcalde de ese municipio, dentro de las personas secuestradas también está el secretario de movilidad, Bladimir Díaz. En un pronunciamiento emitido luego de conocer el hecho (perpetrado el 9 de junio), dijo que las cinco personas fueron retenidas “por un grupo al margen de la ley en la Ye de San Luquitas”.

“Nos encontramos realizando gestiones con organismos humanitarios nacionales e internacionales, junto con diferentes instituciones de orden regional, departamental y nacional, con el fin de lograr su liberación”, agregó el mandatario local en el comunicado.

La Defensoría del Pueblo se sumó a las voces de rechazo y rechazó el hecho del cual tuvo conocimiento como “la presunta retención del secretario de Movilidad, así como de “una joven pasante y tres contratistas de esa entidad local”.

“Nuestros canales humanitarios están abiertos para facilitar los mecanismos que permitan su regreso a la libertad cuanto antes”, añadió la entidad liderada por Carlos Camargo Assis.

Asesinado líder social en Córdoba

También en la tarde del lunes 12 de junio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de Emiro Nel Sánchez Medrano, reconocido líder reclamante de tierras de Antioquia y Córdoba, departamento donde ocurrió el hecho.

Según el reporte de la oenegé, Sánchez desapareció el 9 de junio en el municipio Arboletes, en el Urabá antioqueño luego de salir de una reunión con la Unidad de Restitución de Tierras (URT). “Según información de la zona, un grupo de hombre lo interceptó mientras se movilizaba en compañía de su escolta de la Unidad Nacional de Protección”.

El cuerpo del líder social fue encontrado el lunes festivo en el corregimiento Bongamella, zona rural del municipio San Pelayo (Córdoba) con varias heridas de arma de fuego. En esa zona están presentes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo) y estructuras criminales locales.

También, esta jurisdicción le corresponde a la Séptima División del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 007 de 2022 y 019 de 2023 para personas defensoras de derechos humanos en esa zona.

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