Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años a magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia por el cartel de la toga

El lunes 12 de junio la Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia con destitución e inhabilidad por 18 años al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, por realizar actos contrarios a sus deberes en los trámites de procesos penales entre los años 2015-2017.

El ente de control confirmó que el exfuncionario en su condición de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, adscrito al despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, para la época de los hechos, era el responsable de proyectar y gestionar el trámite procesal de los expedientes penales de ese despacho judicial.

La entidad también evidenció que el empleado recibió altas sumas de dinero, por parte del abogado Luis Gustavo Moreno, para dilatar trámites y retardar la sustanciación de las investigaciones penales que se adelantaban contra el excongresista Milton Córdoba Manyoma, una de ellas relacionada con el reporte de una inexistencia explotación minera que habría facilitado un supuesto lavado de activos y la otra relacionada con la construcción de la sede de la administración municipal en un predio sin los permisos establecidos en la ley, cuando este se desempeñaba como alcalde del municipio de Medio Baudó (Chocó).

Asimismo, el Ministerio constató que el abogado también le entregó al funcionario Camilo Andrés Ruiz dinero para retardar el trámite en el proceso penal adelantado contra la excongresista Argenis Velásquez Ramírez, relacionado con el cobro indebido de una comisión a una Entidad Promotora de Salud (EPS) cuando se desempeñaba como alcaldesa de Orito, Putumayo.

Por todo esto la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta del exmagistrado como gravísima a título de dolo, al comprobar que actuó contario a sus deberes funcionales legales y constitucionales, con la finalidad de evitar fallos desfavorables para los citados excongresistas, con lo cual el investigado se puso al servicio de la organización criminal denominada el “cartel de la toga”, vulnerándose el principio de moralidad.

Luis Gustavo Moreno, el testigo central en contra de miembros de las altas esferas judiciales y políticas del país involucrados al Cartel denunció ante la Fiscalía General que planean desprestigiarlo y atentar contra su vida. En un escrito enviado a Javier Cárdenas, fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal condenado por corrupción aseguró que “diferentes fuentes humanas” lo alertaron del plan.

“Por medio de diferentes fuentes humanas que por seguridad me piden preservar sus nombres, me han manifestado que existen personas implicadas en el caso de corrupción judicial ya referido, que están pensando en montarme una campaña de desprestigio con el ánimo de minar mi credibilidad denunciando unas supuestas extorsiones al interior de la Fiscalía General de la Nación donde contarían con el apoyo de altos funcionarios de esa corporación y paralelamente a ello atentar contra mi vida”.

Moreno deberá declarar en medio del proceso judicial en contra del exmagistrado Leonidas Bustos y el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía. Lo mismo deberá hacer en contra del representante a la Cámara Wadith Manzur y contra el exgobernador del César Lucas Segundo Gnecco Cerchar en el marco de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.

La carta finaliza con una petición al fiscal Cárdenas ―encargado del acuerdo de colaboración que Moreno tiene con la justicia en el proceso― para que se tomen medidas adicionales de seguridad y protección y se investiguen los hechos denunciados.

Moreno fue condenado en marzo de 2018 por el Cartel de la Toga. Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad en octubre pasado al concluir que el exfiscal anticorrupción ya había cumplido con su pena.

Los delitos por los que fue condenado fueron concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada. Además, fue condenado por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero. Por eso, tuvo que cumplir una pena de cuatro años, 10 meses y 15 días entre ambos países. La Corte Suprema estableció que los cargos en el país norteamericano y en Colombia se fundamentaron en los mismos hechos, motivo por el que empezó a contar su tiempo de privación de la libertad en junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición.

Meses después de ser liberado, se conoció que fue designado como jefe de contenidos especiales y editoriales del portal Nación Paisa. “Pagué mis culpas, recuperé mi libertad. Estuve condenado por muchos años en diferentes cárceles de Estados Unidos y Colombia. Quiero agradecerle a Dios y a esta casa editorial que me da una segunda oportunidad”, dijo en un video publicado en el sitio web del medio.