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Representantes del Gobierno nacional, exministros, congresistas y diferentes sectores de la salud se reunieron en el seminario ‘Reforma a la Salud, ¿qué pasará con el aseguramiento y la sostenibilidad financiera?’, para conversar acerca de las consecuencias en las finanzas nacionales que traería la aprobación del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República.
Uno de los participantes fue el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría, que mencionó 10 riesgos observados desde la entidad con la reforma propuesta por el Gobierno: fragmentación en el servicio, eliminación de la libertad de elección, aumento de los trámites, sobrecostos para los usuarios, más tiempo de espera, flujo deficiente de recursos, riesgos en la sostenibilidad financiera, falta de mecanismos de queja, insuficiencia en la capacidad administrativa de la Adres y riesgo en la gestión de las entidades territoriales.
Para Santamaría, en la reforma no hay un modelo para el riesgo financiero. “El viceministro dijo que las EPS están haciendo hoy una labor de contención de costos, y es verdad. De hecho, buena parte de la reputación que tienen hoy es por eso, porque hacen contención de costos. ¿Quién va a hacer una contención de costos en un sistema donde toda la plata es pública y se utiliza para la politiquería?”, expresó.
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Insistió en su preocupación alrededor de cómo está planteada la reforma, pues según él, “va a complicarle la vida a los pacientes, va a segmentar la atención”.
“Eso va a terminar afectando a la población de menores ingresos. La población de mayores ingresos no tendrá problema porque se va a atender a través de seguros privados, como en Estados Unidos, o hará lo que tenga que hacer. Pero la población de menores ingresos se verá sometida a una segmentación muy grande en la atención, que lo que va a hacer es que aumente el gasto de bolsillo y la gente pierda bienestar cuando tenga problemas de salud”, agregó.
Esta segmentación, según Santamaría, se dará por la creación de los Centros de Atención Primaria (CAP), que son el eje central de la reforma planteada por el Gobierno. “Lo primero es que hoy esos CAP no existen, no se sabe cuánto cuestan, dónde van a estar”, dijo, y agregó que con este sistema los usuarios no sabrán la ruta a seguir para recibir su servicio en salud. “Con esto, nadie va a conocer nada y lo único que vamos a ver, los que somos lo suficientemente viejos, es lo que veíamos en el Seguro Social, unas filas infinitas”.
Sumado a esto, para la Anif no hay claro un mecanismo para radicar las quejas en el sistema propuesto, ni cómo se gestionará este aspecto en las entidades territoriales.
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Sobre la Adres, entidad a la cual la reforma le daría la responsabilidad de administrar los recursos de la salud al tomar el papel que hoy cumplen las EPS, el presidente de la Anif dijo: “El mismo director de la Adres dijo en el Congreso que la entidad no tiene la capacidad de asumir todo eso. Hoy en día la Adres tiene capacidad para procesar 50.000 facturas mensuales, mientras las EPS procesan cerca de 8.000.000 de facturas mensuales”.
Por otra parte, recalcó la gravedad que significaría no contar con un aseguramiento en salud, debido a que la pobreza multidimencional aumentaría del 13% al 27%, según cálculos del centro de pensamiento que preside. “Hoy el viceministro dijo que las EPS van a seguir existiendo, pero que no van a manejar la plata. Esas dos frases son completamente contradictorias. Las EPS existen para manejar la plata”, expresó.
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