La historia de la cárcel que nunca se construyó en Antioquia: hay una millonaria demanda

La Contraloría General de la República adelanta dos auditorías a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por graves errores cometidos en la planeación del proyecto para la Colonia Agrícola de Yarumal (Antioquia), con el que se esperaba resolver el hacinamiento carcelario en el departamento y en Medellín.

Aquel proyecto pretendía alojar reclusos en un predio en el que antes funcionaba el antiguo Seminario Cristo Sacerdote, pero seis años después de la firma del convenio, el proyecto sigue sin hacerse realidad.

En su informe de actuación especial, el ente de control hizo ocho hallazgos administrativos que podrían tener incidencias disciplinarias. El primero tiene que ver con la planeación precontractual del proyecto, de acuerdo con un informe publicado por el diario El Tiempo.

Para el organismo, la Uspec tenía el deber de elaborar “los estudios completos y análisis serios que el proyecto exigía y acompañarlos de los diseños, planos y cronogramas de obra, entre otros, requeridos para determinar su viabilidad económica, la conveniencia o no del objeto por contratar y si resulta o no necesario celebrar el respectivo Convenio”.

Aquella entidad no habría tenido en cuenta los avisos hechos por sus propios funcionarios, así como del Inpec y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia para verificar las condiciones de sismorresistencia en el predio. “No se hicieron las pruebas de vulnerabilidad oportunamente, se omitieron los diseños completos y no se disponía del cronograma de obras, que permitiera el seguimiento a cada una de las actividades a ejecutar según el alcance para la primera fase y segunda fase”, se puede leer en el documento al cual accedió el medio citado.

El organismo también encontró irregularidades en el pago del anticipo a la subcuenta de la empresa contratada para el proyecto ―Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA)―. A la Uspec le correspondía aportar 42.455 millones de pesos por concepto de obra y dotación; como anticipo debía dar la mitad de ese valor, pero dio 32.600 millones correspondientes a la mitad del total del proyecto (65.200 millones).

“En conclusión, en ningún caso el anticipo debió ser de 32.600.595.197 pesos, cifra que supera el tope permitido de 50 por ciento y constituye una infracción al límite establecido en la norma aludida. Esta situación obedece a deficiencias en los mecanismos de control y va en contravía de lo estipulado normativamente”, dijo la Contraloría.

También se hallaron irregularidades en la modificación del plazo, el objetivo, la suspensión indefinida y la necesidad de satisfacer el convenio específico derivado. Cuando se contrató a VIVA, el 31 de julio de 2018, se acordó modificar el convenio específico y se otorgó un plazo adicional para terminar las obras hasta enero de 2020.

Sin embargo, para el organismo de control esas modificaciones en el plazo “han afectado la posibilidad de ejecutar la obra convenida oportunamente”. Adicionalmente, los ajustes en el objeto “constituirían nuevos objetos” que solo se harían posibles a partir de convenios adicionales.

Además, para la Contraloría el convenio interadministrativo no se puede suspender indefinidamente porque el plazo de ejecución “se desplaza y por ende altera la fecha de terminación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones”, pero así está desde abril de 2019. Por otra parte, también hubo hallazgos disciplinarios por la cláusula de garantía del convenio y el contrato de interventoría de la obra.

La Contraloría estableció además que para la fecha de elaboración del informe no se tenía certeza del valor real del proyecto y que había un desfinanciamiento de 9.406 millones de pesos por recursos no entregados por el Ministerio de Hacienda, una desvalorización en la inversión de la Uspec y los ítems no previstos de la obra. También cuestionó una diferencia de 105 millones de pesos por concepto de impuestos pagados por la Uspec por estampillas de los ministerios de Educación e Interior.

Finalmente, el organismo de control alertó por el estado de abandono en el que se encuentra el predio del seminario por la suspensión de las obras, que solamente han avanzado en un 5%. Para su ejecución, hay recursos guardados en una fiducia desde hace más de cinco años que superarían los 40.000 millones de pesos y que no se han utilizado.

Por todos estos hechos, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia demandaron al Ministerio de Justicia, la Uspec, el Inpec, la alcaldía de Yarumal, la empresa VIVA y a Corficolombiana ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El objetivo del litigio es que las entidades paguen al Distrito y a la Gobernación la suma de 14.000 millones de pesos.