Uniformados implicados en el caso de las “chuzadas” de Laura Sarabia se negaron a seguir declarando ante la Fiscalía: esta fue la razón

La Fiscalía General de la Nación ha mencionado que en las diligencias de interrogatorio tienen dos objetivos: avanzar a las investigaciones y ofrecer una primera posibilidad de defensa para los procesados. En el marco de las interceptaciones, se esperaba obtener información de los principales protagonistas, los policías comprometidos con las “chuzadas”, pero estos cerraron filas y se negaron a entregar declaraciones al organismo.

Estos uniformados habrían sido citados al búnker de la Fiscalía para diligencias de interrogatorio y así escuchar de su propia voz cómo se obtuvo la información que asignaron en la solicitud de interceptación a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, las dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno nacional. Los policías se acogieron al derecho a guardar silencio, como estrategia de defensa.

El ente acusador esperaba conocer detalles sobre quién ordenó incluir en el reporte falso los datos de Marelbys y Fabiola Perea, informe que convirtió a las dos exempleadas en presuntas integrantes del Clan de Golfo y que eran conocidas con los alias de La Madrina y La Cocinera. En el informe de los investigadores, las mujeres eran encargadas de recopilar información de inteligencia para un cabecilla de la organización criminal, alias ‘Siopas’, encargado del Clan del Golfo en el Pacífico. Todo quedó consignado en la solicitud de interceptación que hizo un patrullero de la (Dijín) Dirección de Investigación Criminal e Interpol a la Fiscalía.

Los pormenores de la interceptación se conocerían ahora con las declaraciones de los patrulleros, pero esto no fue posible debido a su negativa a declarar en el ente acusador. La defensa del patrullero, que firmó la solicitud de interceptación, afirmó que las condiciones que expone la Fiscalía para los interrogatorios no se enmarcan en las garantías del debido proceso.

Miguel Ángel de Río, defensor del patrullero, mencionó: “Por qué Fiscalía no se pregunta, por ejemplo, por qué el fiscal que tuvo en su despacho la solicitud de interceptación, mantuvo activo el procedimiento por otros siete días, después de que el patrullero le informó que no era necesario, pues las primeras verificaciones no arrojaron nada”.

Según el defensor, es evidente que no existe un ánimo de preservar los derechos del procesado por parte de la Fiscalía General, incluso afirmó que el proceso solo se trata de un intento por sumar evidencia para procesar a su cliente. Del Río advirtió que tanto él como su cliente están atentos a acudir cuando los fiscales convoquen, pero en las condiciones propias y en el marco del debido proceso.

Durante la investigación de las interceptaciones ilegales a Fabiola y Marelbys Meza, la Fiscalía compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción y por esto tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional fueron citados a diligencias de interrogatorio, quienes se desempeñaban, uno como analista de comunicaciones, y los otros tres como investigadores.

La Fiscalía mencionó respecto al caso: “En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, el pasado primero de junio compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción por las presuntas irregularidades que se advirtieron en el trámite y realización de interceptaciones de comunicaciones relacionadas en el caso de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”.

Asimismo, la vicefiscal anunció que fueron citados a interrogatorio la exjefe de gabinete del Gobierno nacional, y a declaración, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Los dos con el objetivo de conocer, tanto los detalles de las chuzadas como las denuncias que se generaron en redes sociales.