La Defensoría del Pueblo, por medio de su comisión de la Regional Antioquia, se trasladó hasta el municipio de Betulia (en el suroccidente antioqueño) con el fin de verificar la situación de derechos humanos de sus 17.000 habitantes, tanto en el casco urbano como en las 35 veredas que conforma el municipio.
Durante la visita, los servidores públicos evidenciaron la presencia del Clan del Golfo en el territorio, pero además alertaron que estos adelantas acciones para inducir y reclutar a jóvenes del municipio en tareas relacionadas con el microtráfico.
Los funcionarios de la Defensoría conocieron al menos cuatro casos de jóvenes que fueron sometidos a intentos de reclutamiento, por lo que sus familias tomaron la decisión de desplazarse de la población. Las personas entrevistadas también relataron que no hicieron la denuncia formal de la situación, ya que temen de las represalias que los actores armados pueden tomar en su contra, pues su presencia está extendida por toda la subregión.
Otros de los testigos de la situación son los docentes y directivos de las instituciones educativas, quienes aseguraron que los grupos al margen de la ley ejercen influencia sobre los menores que asisten a la escuela. Al parecer, integrantes de esos grupos esperan a los niños y adolescentes a la salida de los colegios, los reúnen y les dicen cómo deben comportarse. Los docentes temen del adoctrinamiento que puedan llegar a ejercer.
En dos de las veredas del municipio, cuyos nombres son reservados por cuestiones de seguridad, se presentan los mayores riesgos y vulnerabilidades. También se identificó que los menores son persuadidos mediante el ofrecimiento de motos y dinero, como pago por integrar las filas de los grupos armados.
La Defensoría del Pueblo también informó que en enero un docente fue extorsionado por uno de los grupos armados, por lo que fue reubicado en otra subregión del departamento. Mientras tanto, un estudiante que recibió amenazas tuvo que ser trasladado a la capital del departamento, tarea apoyada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que lo acogerá temporalmente.
Finalmente, el organismo solicitó a la administración municipal que active el Grupo de Reacción Inmediata para casos de atención de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento y elevaron un llamado a constituir un Comité de Salud Mental, con el que esperan convocar a más profesionales en salud mental a los centros de ayuda.
El 7 de junio el alcalde de la población, Juan Manuel Lema, declaró para Blu Radio que la presencia del Clan del Golfo obstaculiza sus tareas de gobierno, ya que debido a esta realidad hace más de un año no se desplaza a las zonas rurales, al respecto dijo:
“Desde hace aproximadamente un año y medio pues ha sido muy limitado. Solo me he desplazado al corregimiento de Altamira muy de vez en cuando porque el temor es mucho y eso ha limitado el tema de la presencia de la institucionalidad en las diferentes veredas por la presencia de estos grupos armados organizados”
Aunque esto aumenta el riesgo de reclutamiento de menores y otro tipo de crímenes, en tanto se disminuye la capacidad de las instituciones para ofertar servicios y atender a la población, la decisión de Lema se debe a que su esquema de seguridad está compuesto por un solo uniformado y la presencia del Ejército Nacional no es permanente en la zona.
“Aprovecho para hacer un llamado nuevamente al Gobierno nacional y departamental para que nos apoye con más fuerza pública tanto a nivel urbano como a nivel rural y poder proteger a la comunidad betuliana que es temerosa y que de una u otra manera no realiza ninguna denuncia, por el temor”, solicitó el mandatario por medio del medio antes citado.