El primero de junio, la Fiscalía confirmó que tras el robo en la casa de Laura Sarabia, la exjefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, a dos mujeres que se encontraban laborando en la vivienda de la exfuncionaria les fueron intervenidos los teléfonos celulares de manera ilegal. Una de ellas sería la exniñera Marelbys Meza, quien en su momento hizo público que, además, fue expuesta a una prueba de polígrafo y se cree le hackearon su celular; y la otra mujer fue identificada como la exempleada de servicio, Fabiola Perea.
En el proceso, la Fiscalía detalló que para hacer las interceptaciones se hizo pasar a los abonados como si fueran de miembros del Clan del Golfo que podrían tener información sobre alias ‘Siopas’, uno de los cabecillas de grupo al margen de la ley, supuestamente conocidas con los alias de ‘La Madrina’ y ‘La Cocinera’.
Luego, se dio a conocer que un agente de la Dijín, del que no se conoce la identidad por motivos de seguridad, fue el que dio los nombres a un fiscal que firmó la orden para poder vigilar las conversaciones de ambas mujeres. Posteriormente, este mismo reveló que los números habían sido revelados por un agente infiltrado dentro de la estructura armada en el Chocó, del que no sabía nada desde el día que le brindo la información.
“Uno puede pensar que como desde ese entonces hay confrontaciones en el departamento del Chocó, uno aduce que la fuente humana puede haber muerto, no sé, pero en este momento desconozco el paradero”, dijo en una entrevista que sostuvo con la W Radio.
Pasado unos días de la información que dio el agente anónimo, este 8 de junio en la mañana el Reporte Coronell reveló nueva información: el agente infiltrado en el Clan del Golfo se encuentra con vida y que la unidad de inteligencia militar tiene información sobre su actual ubicación; lo anterior, ya que siempre ha tenido contacto tanto con la Dijín como con la unidad.
Reporte Coronell confirmó, además, que en efecto la fuente es de completa confianza para la Policía Nacional, ya que en anterior ocasiones su información fue de suma importancia para poder dar un golpe grande y certero a la estructura ‘Jairo de Jesús Durango Restrepo’, una de las unidades del grupo narcoparamilitar.
Lo anterior es una noticia positiva para la investigación, pues con el testimonio de la fuente se podrá determinar si los números fueron suministrados por un superior por órdenes directas de la Casa de Nariño o si se trata de una fuente que está intentando debilitar el Estado y a sus funcionarios como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro.
Por ahora, la Fiscalía ha sido enfática en que su hipótesis es el primer asunto anteriormente mencionado y, ya que todo se daría, presuntamente, con relación al robo en la casa de la exjefe de gabinete, proceso en el cual no se ha podido determinar la cifra que se perdió.
En esta misma investigación, la Fiscalía Genera de la Nación allanó una de las oficinas de la Dian, ubicada en el piso 13 del edificio que queda ubicada a unos pasos de la Casa de Nariño. Al parecer, el celular de Marelbys Meza fue sometido a un proceso hackeo de la información el mismo día de la prueba del polígrafo; y posteriormente, este fue revisado en la oficina del edificio del Departamento Administrativo.
“Se verifica si la copia espejo fue obtenida en una oficina ubicada en el piso 13 de un edificio de la Dian, ubicado a pocas cuadras de Casa de Nariño. Además, si desde allí se habría coordinado la interceptación ilegal que ya investiga la Fiscalía General”, dijo uno de los investigadores al diario de El Tiempo.
Uniformados implicados en las “chuzadas” de Laura Sarabia se negaron a declarar ante la Fiscalía, ¿por qué?
La Fiscalía General de la Nación ha mencionado que en las diligencias de interrogatorio tienen dos objetivos: avanzar a las investigaciones y ofrecer una primera posibilidad de defensa para los procesados. En el marco de las interceptaciones, se esperaba obtener información de los principales protagonistas, los policías comprometidos con las “chuzadas”, pero estos cerraron filas y se negaron a entregar declaraciones al organismo.
Estos uniformados habrían sido citados al búnker de la Fiscalía para diligencias de interrogatorio y así escuchar de su propia voz cómo se obtuvo la información que asignaron en la solicitud de interceptación a los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, las dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno nacional. Los policías se acogieron al derecho a guardar silencio, como estrategia de defensa.
El ente acusador esperaba conocer detalles sobre quién ordenó incluir en el reporte falso los datos de Marelbys y Fabiola Perea, informe que convirtió a las dos exempleadas en presuntas integrantes del Clan de Golfo y que eran conocidas con los alias de La Madrina y La Cocinera. En el informe de los investigadores, las mujeres eran encargadas de recopilar información de inteligencia para un cabecilla de la organización criminal, alias ‘Siopas’, encargado del Clan del Golfo en el Pacífico. Todo quedó consignado en la solicitud de interceptación que hizo un patrullero de la (Dijín) Dirección de Investigación Criminal e Interpol a la Fiscalía.
Los pormenores de la interceptación se conocerían ahora con las declaraciones de los patrulleros, pero esto no fue posible debido a su negativa a declarar en el ente acusador. La defensa del patrullero, que firmó la solicitud de interceptación, afirmó que las condiciones que expone la Fiscalía para los interrogatorios no se enmarcan en las garantías del debido proceso.
Miguel Ángel de Río, defensor del patrullero, mencionó: “Por qué Fiscalía no se pregunta, por ejemplo, por qué el fiscal que tuvo en su despacho la solicitud de interceptación, mantuvo activo el procedimiento por otros siete días, después de que el patrullero le informó que no era necesario, pues las primeras verificaciones no arrojaron nada”.
Según el defensor, es evidente que no existe un ánimo de preservar los derechos del procesado por parte de la Fiscalía General, incluso afirmó que el proceso solo se trata de un intento por sumar evidencia para procesar a su cliente. Del Río advirtió que tanto él como su cliente están atentos a acudir cuando los fiscales convoquen, pero en las condiciones propias y en el marco del debido proceso.