Regalaron un estadio: gobernador y exgobernadora del Quindío, en problemas por irregularidades en la “donación” del escenario deportivo de Calarcá

En un juzgado de Paloquemao en Bogotá imputaron cargos al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, y a la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante por la presunta donación irregular de un predio del estadio de Calarcá.

Dentro de los delitos imputados para la exfuncionaria Arbeláez se encuentran: autora Prevaricato por acción en concurso heterogéneo con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación y coautora del delito de fraude procesal.

Por su parte, para el gobernador del Quindío los delitos fueron: coautor del delito a título de interviniente del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación agravado y coautor delito de fraude procesal continuado en calidad de interviniente.

Roberto Jaramillo y Amparo Escalante no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, el proceso seguirá en juicio oral.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron en 2007, momento que la funcionaria del Quindío tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita del estadio del municipio de Calarcá de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada por el actual gobernador.

El inmueble ubicado en el departamento de Quindío, avaluado en cerca de 12.100 millones de pesos, habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones. Por la anterior acción, al parecer, se vulneraron varias normas de orden constitucional y legal.

Además, existe material de prueba que comprueban las posibles inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá.

El 25 de mayo se llevó a cabo una nueva audiencia en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, por denuncias de irregularidades contractuales, financieras y operativas en el Coliseo de Gaira.

El Tribunal Superior de Bogotá, en dos audiencias distintas, negó la detención domiciliaria que solicitó la Fiscalía General de la Nación, argumentando que los fiscales al frente del caso no presentaron evidencias suficientes para demostrar que existió una supuesta actividad delictiva continuada.

La Fiscalía solicitó la detención domiciliaria porque, hasta el momento, el gobernador Caicedo registra treinta denuncias que apenas están en etapa de indagación.

Si bien la Procuraduría, en representación del Ministerio Público, señaló que existen pruebas para asegurar que Caicedo incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, el Tribunal Superior insistió en que no se logró demostrar que si sigue en el cargo, podría incurrir en nuevas faltas.

Por su parte, el también exalcalde de Santa Marta se declaró inocente e insistió en señalar a la Fiscalía de organizar una persecución judicial en su contra que, según dijo, “tiene el propósito de impactar en las próximas elecciones”.

Carlos Héctor Tamayo Medina, magistrado ponente del caso, indicó a la Fiscalía que no puede confundirse las denuncias presentadas en contra de Caicedo con conductas delictivas presuntamente cometidas, porque ello no implica un antecedente penal ni un delito, y no se puede desconocer la presunción de inocencia del imputado.

El contrato del Coliseo de Gaira se suscribió el 28 de octubre de 2015 por un valor de 2.682 millones de pesos. El propósito principal de esta contrato era la adecuación y mejora en la infraestructura del polideportivo. Según las acusaciones de la Fiscalía a Caicedo, se habría detectado un posible robo de aproximadamente 690 millones de pesos.