Los 15 mayores escándalos del Gobierno de Gustavo Petro que lo tienen en el ojo del huracán

Hace exactamente diez meses las mayorías que en democracia votaron por el gobierno progresista de Gustavo Petro, que se ganó un tiquete a la Casa de Nariño con una agenda programática de cambios, asistieron a la Plaza de Bolívar a ver la posesión del nuevo presidente.

Y mientras era traída al público la espada de Simón Bolívar, los asistentes vieron cómo Roy Barreras, el recién nombrado presidente del Senado, le imponía, de la mano con la senadora María José Pizarro, la banda presidencial, con un aire de renovada esperanza.

Con mucha expectativa comenzaron a transcurrir 10 meses de mandato que, sin duda, han estado marcados por una serie de escándalos y polémicas que han alterado tanto la gobernabilidad del Presidente como la coalición que se conformó en un comienzo.

El primer hecho controvertido llegaría a los dos meses de la posesión, y el último, que le costó a Gustavo Petro su mano derecha y su ficha diplomática en Venezuela, aún no termina. De esta manera, y dejando por fuera las polémicas alrededor de la Primera Dama, de la vicepresidenta y de otros miembros del Gobierno nacional, estos son los escándalos que más han marcado estos primeros diez meses de su gestión.

A dos meses de posesionado fueron noticia las millonarias compras para dotar la casa presidencial, vicepresidencial y de huéspedes en la ciudad de Cartagena. Los escandaloso del suceso fue que en ese momento se estaba adelantando el proyecto de una reforma tributaria en la que el gobierno se refirió a la austeridad que marcaría su gobierno, cuando paralelamente salieron a la luz compras de electrodomésticos y de lencería de hogar que superaron los ciento setenta millones de pesos.

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entre otras cosas, compró dos televisores Samsung uno de 85 pulgadas, por un valor de 27.499.900 pesos. Mientras que el otro de 70 pulgadas, está registrado por un valor de 10.867.000 pesos. Se compraron licuadoras y otros electrodomésticos para la cocina que registraron 93.084.400 pesos, y fue banquete para los memes la compra de dos plumones de ganso por 8.159.800 pesos y cuatro Duvet de 500 hilos por 11.560.000 pesos entre otros lujosos artículos de lencería de hogar.

Como para el gobierno de Gustavo Peto y su bancada algunos de los jóvenes de la denominada Primera Línea que están encarcelados son presos políticos, en el marco de la reforma a la Ley 418 el mandatario advirtió, en diciembre del año pasado, que varios de estos miembros serían excarcelados automáticamente y declarados gestores de paz antes de Navidad, hecho que se tradujo en una fuerte polémica.

“Protestar es un derecho y quien lo haga debe hacerlo pacíficamente. Los Integrantes de la primera línea están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador”, indicó ante este anunció el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Desde un comienzo el nombramiento de Irene Vélez en la cartera de Minas fue controversial, pues muchos dudaron que su experiencia se ajustara a las necesidades de un ministerio tan técnico como el de Minas y Energía. Poco después de nombrada, sus declaraciones sobre la transición energética prendieron las alarmas, pues estuvieron direccionadas a marchitar la exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia, mediante la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración.

Aunque sobre este tema ha habido reversas tímidas, la polémica alrededor de este neurálgico tema para la economía colombiana se agudizó a finales de enero por cuenta de las inconsistencias del informe de reservas de gas, del documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’, citado en el Foro Económico Mundial que se adelantó en Suiza.

Con Gustavo Petro en el poder la relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se reestablecieron rápidamente, lo que llevó a que se abrieran las fronteras y se instauraran embajadas en cada uno de los países. Aunque sondeos evidenciaron que la mayoría de los colombianos estaba a favor de este hecho, esta decisión fue criticada. ¿La razón? Muchos vieron este reestablecimiento como una clara intención de ‘normalizar’ la interacción con un gobierno chavista vetado a nivel internacional.

El último día del 2022 fue controversial la decisión de la Casa de Nariño de darle vía libre a un acuerdo de cese el fuego entre el Gobierno Nacional con disidencias de las Farc y bandas criminales como ‘El Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’. A esta tregua no le fue bien, hecho que fue empeorado cuando, en enero el ELN negó que siquiera hubiera una tregua de este tipo. El Ejecutivo se tuvo que retractar y derogó el decreto, asestando un golpe a la Paz Total, un proyecto que ha estado lleno de altibajos.

A comienzos de febrero el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, amenazó al Distrito y le dijo que si no aceptaba cambiar los diseños de la primera línea a un sistema subterráneo, la Nación podría no financiar el 70% del costo de la obra, pese a ser una obligación legal.

“Es muy claro. Si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, el Gobierno también en la medida en la que financia el 70% de los otros proyectos, esos otros proyectos se van a tener que parar”, aseguró el ministro Reyes el 2 de febrero de 2023.

En un hecho sin precedentes en la historia política moderna del país, desde el balcón de la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a ‘levantarse’ y presionar desde las calles la aprobación de los proyectos que se estaban tramitando en el Congreso.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, insistió el mandatario desde la Casa de Nariño,, hecho frente al cual volvió a hacer un llamado este miércoles 7 de junio.

El presidente dio por terminada la coalición política del Congreso de la República a través de su cuenta de Twitter el 25 de abril, lo que desató una tormenta política. “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta, quien ese mismo día le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete y arremetió contra César Gaviria por su postura frente a la reforma a la Salud.

El 3 de marzo la Procuraduría General de la Nación anunció oficialmente que abrió una investigación contra el diputado del departamento del Atlántico, Nicolás Petro, poco después de que su exesposa, Days Vásquez, lo acusara de haber recibido dineros ilegales para la campaña presidencial del 2022. En específico, precisó a Publicaciones Semana Days Vásquez, Nicolás Petro habría recibido plata de Santander Lopesierra, ‘El hombre Marlboro’, y de Alfonso ‘el Turco Hilsaca’, ambos antiguos procesados por la justicia colombiana.

También la Fiscalía le abrió una investigación al hijo del presidente, un día después de que el mandatario así lo solicitará a través de un comunicado a la opinión pública.

El jueves 2 de marzo, pasados 40 días de protestas en zona rural de San Vicente del Caguán, en Los Pozos, un grupo de campesinos se tomaron las instalaciones de la petrolera Emerald Energy. Esta fue una acción en retaliación al abandono estatal al que han estado históricamente sometidos, así como a las afectaciones de la petrolera en materia ambiental y en la destrucción de las vías de la zona por el tránsito de carrotanques.

Lo que más generó polémica, además del manejo que se le dio a este incidente de orden público (algunos indicaron que el Ministerio de Defensa se tardó demasiado tiempo en reaccionar), fue que el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, trató de minimizar la situación, afirmando que no era un secuestro masivo sino un ‘cerco humanitario’.

En gran parte por la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria, debido a que el Gobierno no concertó las reformas en el Congreso de la República, hubo un segundo remezón ministerial en abril que se llevó siete cabezas: se trató de José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alfonso Prada, Carolina Corcho, Arturo Luna, Sandra Urrutia y Guillermo Reyes, quienes lideraban las carteras de Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia, TIC y Transporte, respectivamente.

A comienzos de mayo otra verdadera tormenta política desató el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras afirmar que él era el jefe del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. La afirmación la hizo desde España, durante su último día de visita oficial. Las reacciones, de todas las orillas ideológicas, no dieron espera. “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, fue la durísima aseveración del jefe de Estado en la mañana del viernes 5 de mayo. Esto llevó a que una ola de ciudadanos lo tildara de no respetar la división de poderes. Algunos incluso se refirieron a él como dictador.

La búsqueda de los niños que habrían sobrevivido al accidente aéreo en las selvas entre Caquetá y Guaviare tuvo un vuelvo positivo cuando el presidente Gustavo Petro anunció el 17 de mayo que habían sido hallados con vida y estaban en poder de las fuerzas armadas. No obstante, la información era equivocada, lo que llevó al mandatario a borrar el trino. Este hecho le valió numerosas críticas desde distintos sectores, sobre todo por el uso que le dio en esa ocasión, y que en términos generales le ha dado a su cuenta de Twitter.

El 11 de mayo la Fundación para la libertad de prensa (FLIP) advirtió que el presidente Gustavo Petro estaba atacando y promovido de manera reiterada una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. “Sus mensajes terminan restándoles credibilidad; buscando presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión; alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios”, indicó ese día la Fundación.

Esta denuncia tuvo una resonancia enorme varios días después cuando la periodista de Blu Radio Camila Zuluaga, denunció el miércoles 31 de marzo que fue víctima de acoso por parte de seguidores del presidente Gustavo Petro, al que acusó de haberla señalado “directamente” en Twitter por su trabajo investigativo. De hecho, el hecho intimidatorio del que fue víctima, palabras textuales: “Es consecuencia directa de la actitud” que el mandatario “ha asumido con los medios de comunicación” en Twitter.

Y está el último escándalo de a la jefa del Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, el cual tomó un rumbo inesperado el jueves primero de junio, cuando el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que hubo interceptaciones ilegales en contra de la exempleada de la funcionaria, practicadas por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional.

Este escandalo desestabilizó al gobierno y la gobernabilidad de Gustavo Petro, quien tuvo que pedirle la denuncia a su mano derecha y al ahora exembajador de Colombia en Venezuela, quien no dio espera a prender el ventilador, prendiendo varios incendios que, desde entonces, han intentado ser socavados por la Casa de Nariño.