Reforma Laboral: académicos entregaron propuesta de ajustes a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes

El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro busca garantizar los derechos de los trabajadores y no la generación de empleo. Por eso, la iniciativa es muy cuestionada por los gremios productivos, que aseguran que esta traerá sobrecostos laborales y, de paso, impulsará el desempleo del país.

Ante tantos cuestionamientos y después de una minuciosa tarea de análisis y reflexión, el área de Derecho Laboral y el Observatorio Legislativo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario entregó a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, exactamente a los ponentes del proyecto de ley, una propuesta para contribuir a esta como un aporte de la academia a la calidad de las leyes.

La propuesta es resultado de los aportes de profesores expertos y se complementó con los espacios de conversación, análisis y reflexión en torno al proyecto de ley presentado por el Gobierno.

El estudio coincide con la conveniencia de que se señale un límite temporal al contrato a término fijo, el cual se propone sea de cinco años, pero considera que las demás restricciones novedosas que se impone a este contrato lo harían inaplicable en la práctica.

Anotaron que dado que la tabla de indemnización por despido de 45 días del proyecto es excesiva frente a los parámetros internacionales, se plantea volver a la prevista en la Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo, que implicaría una mejora para los trabajadores frente a la que hoy existe.

Así mismo, consideran que los cambios sugeridos en materia de prescripción, indemnización moratoria y unidad de empresa son graves e innecesarios, ya que estas tres figuras hoy funcionan bien.

En cuanto a las mayorías para decidir la huelga y para la extensión de la convención colectiva, resaltaron que preocupa cómo el proyecto de ley desconoce principios democráticos esenciales, por lo que la propuesta apunta a que en estas materias se mantenga lo que hoy existe.

A pesar de que para el martes 16 de mayo estaba todo listo para radicar la primera ponencia sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, esta se aplazó hasta el miércoles 17 del mismo mes debido a molestias de varios partidos que señalaron que no se les tuvo en cuenta en medio de este proceso.

El Partido de la U señaló que el proyecto tiene varias falencias que afectan de manera directa los derechos de los colombianos, por lo cual no se puede dar trámite a la reforma laboral por ley ordinaria.

Al paso de estas afirmaciones salió la también representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente, que señaló que durante un importante lapso se escucharon las preocupaciones de todas las partes (partidos). Adicional, que se llegó a un consenso de 39 de los 79 puntos del articulado.

El 15 de mayo se conoció el texto del proyecto de reforma laboral. Tiene 245 páginas y mantiene el sentido de transformar el Código Sustantivo del Trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores y no plantea la generación de empleo.

En el texto se anota que los antecedentes planteados evidencian que el proyecto de ley 367 de 2023 es el resultado de un proceso de seis meses, en el cual se hizo un amplio diálogo social tripartito, a nivel nacional, territorial y con enfoque sectorial y diferencial, en virtud del cual se desarrolló un repertorio diverso de acciones encaminadas a negociaciones, consultas e intercambio de información entre el Gobierno nacional, congresistas, gremios de empresarios y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, sobre asuntos de interés común relativos a derechos laborales y fortalecimiento del mercado laboral.

El 89% de las empresas – aproximadamente nueve de cada diez—, considera que, de aprobarse el proyecto de reforma laboral, tal cual como se radicó en el Congreso de la República, los costos laborales se les incrementarían entre un 15 y 30%, lo que a su vez representa que tendrían que hacer reducciones de personal.

Así lo reveló un estudio la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) Bogotá y Región Central, que consultó a las empresas afiliadas, y que hizo con Econometría.

El análisis, producto de estas encuestas y entrevistas a expertos en materia laboral, también reveló que las iniciativas del proyecto de ley relacionadas con la creación de modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios y lo concerniente a diversidad, equidad e inclusión se valoraron por las empresas como iniciativas necesarias para el desarrollo económico y social del país.