El Concejo de Medellín aprobó en 2022 la matrícula cero para todos los estratos en instituciones de educación superior públicas. Según la determinación el 30% de los estudiantes beneficiados deberían ser personas trans y no binarias, pero tras seis meses de la aprobación no se tienen cifras que sustenten cuántas personas han sido favorecidas en el primer semestre del 2023.
Datos entregados por Sapiensa a El Espectador dan cuenta de que ‘’se tiene registro de 100 personas que se reconocen como trans o no binarias distribuidas así: 33 personas trans y 67 no binarias”. Cabe mencionar que estos datos pertenece a las personas que se postularon al beneficio, no a las que efectivamente accedieron a él. Este solo es el principal requisito a la hora de ingresar a una institución universitaria.
Dudas en torno al acceso a la educación
Otra incertidumbre se relaciona a las garantías que estas personas recibirán al interior de las universidades teniendo en cuenta que históricamente en el país aún la distinción sexual es un tabú tanto en alumnos, docentes como administrativos y muchos aún se encuentran en el proceso de cambio de nombre en sus documentos, al ser nombrado (a) por un género diverso puede repercutir en el ingreso o no de una persona trans a la universidad. El ingreso a los baños convierte en un debate porque las instituciones educativas los tienen separados por sexo hombre y mujer.
La permanencia de los estudiantes, en el proyecto de ley se planteó brindar apoyos económicos ya sea para pago de la movilidad, útiles académicos y demás necesidades del beneficiado (a). Águeda Gallego, hombre trans de Medellín, comentó ante el medio anteriormente citado: ‘’la institución educativa no tiene un protocolo instaurado para la población diversa. Muchos dicen que cualquier persona que quiera estudiar puede hacerlo, sin distinción de su orientación sexual o etnia. Pero las personas tenemos necesidades diferentes”.
No existe claridad sobre el número de personas trans en la ciudad que tienen acceso a la educación superior, ya que su reconocimiento en la legislación colombiana es reciente con la implementación de la posibilidad de que las personas puedan cambiar su documento de esta forma es complejo estar al tanto de el número de ciudadanos que acceden a programas técnicos, tecnológicos y/o profesionales.
Cabe mencionar que las personas trans migrantes que residen en la capital de Antioquia también pueden acceder a este beneficio como se menciona en la ley. El único requisito es que se compruebe que han vivido en Medellín durante 6 meses o más, pero tampoco se tienen datos de esta población en la ciudad.
Matrícula Cero: de proyecto a política
El 11 de julio del año pasado el proyecto de Acuerdo 87 impulsado por la Alcaldía de Medellín, dio vía libre a la implementación de la matrícula cero como política pública de forma unánime por el Concejo de la ciudad. Esta estrategia fue liderada por el alcalde Daniel Quintero desde el 2020 y según lo registra el portal de su administración este ha beneficiado a más de 41.000 estudiantes de las Instituciones de Educación Superior adscritas al Distrito y el departamento.
Lo que se buscó con la aprobación es que los estudiantes beneficiados no paguen los costos de matrícula. Además, la nueva política pública unifica todos los fondos de educación superior que administra Sapiencia, garantizando el acceso y la permanencia en el sistema educativo. De esta forma Medellín se consolidó en la primera ciudad en implementar esta medida en el marco de la pandemia covid-19 la cual afectó económicamente a cientos de familias.
En el texto se menciona que otra de las finalidades de la política es la de eliminar barreras de acceso y de discriminación poblacional no tenidas en cuenta en programas anteriores, como lo es la reducción a seis meses el periodo de residencia necesario de la población Trans para los beneficios de Matrícula Cero y un año en el caso de créditos condonables, garantizando a esta población el 30% de los cupos anuales en las instituciones de educación superior públicas adscritas en Medellín.
Con todo ello la administración buscó derrumbar las trabas del acceso y permanencia en los centros educativos con la ampliando el rango de edad para personas mayores de 28 años, sin discriminación para ninguna población y con cobertura en todos estratos socioeconómicos.