CNE abrió investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro por irregularidades en su financiación

La indagación quedó en manos del magistrado Benjamín Ortiz por supuestamente no reportar los pagos a testigos electorales de la coalición Pacto Histórico en los comicios de primera vuelta

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Imagen de archivo de Ricardo
Imagen de archivo de Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro (derecha). Twitter @petrogustavo

Por ocultar pagos a testigos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de una investigación contra la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, por presuntamente ocultar pagos a testigos electorales.

De acuerdo con información conocida en primera instancia por La Silla Vacía, al menos mil testigos en ocho regiones del país fueron remunerados por su labor ejercida en primera vuelta presidencial; sin embargo, dichos pagos no fueron registrados ante la autoridad electoral por parte de la campaña del ahora jefe de Estado, presidida por Ricardo Roa Barragán.

En ese sentido, el 30 de mayo el CNE emitió el auto mediante el cual “se ordena para un mejor proveer, la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico”.

Por otra parte, el magistrado a cargo de las pesquisas contra la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de la República será Benjamín Ortiz.

El 2 de febrero de 2023 fue radicada ante la máxima autoridad electoral una queja por supuestas irregularidades en el manejo de dineros dentro de la campaña de los actuales mandatarios. El 28 del mismo mes, la misma instancia ordenó la apertura de una indagación preliminar, así como la recolección de pruebas que sustenten dicha investigación. Tras una revisión de la documentación recogida por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electoral, se evidenció que no fue reportada la información comprendida en el contrato por prestación de servicios suscritos por Roa Barragán.

También se evidenció la falta de documentación de trabajo correspondientes al informe de auditoría realizado por la empresa Nexia Montes y Asociados S.A.S “en el marco de la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico”, se lee en el auto proferido a finales de mayo.

El Consejo Nacional Electoral también tuvo en cuenta la información recopilada por el medio citado sobre aparentes irregularidades presentadas en el informe de gastos de la coalición que ahora es Gobierno, teniendo en cuenta dicha información como acervo probatorio dentro del caso.

Sumado a eso, el magistrado Ortiz ordenó otra línea de abordaje para la investigación. La cual está centrada en una petición hecha a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remita los formularios electorales del acto de inscripción del entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro.

En la queja anónima, el denunciante mencionó que “Jonathan Ramírez Nieves y el señor Ricardo Roa (gerente de la campaña) incumplieron la ley al no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña y manejaron dineros en las cuentas personales, utilizando de forma indebida los dineros de la campaña, usando una cuenta diferente a la autorizada por el honorable CNE”.

Además, el anónimo aseguró que el Pacto Histórico “no ha presentado de manera oportuna y clara los informes y soportes ante este ente de control, incumpliendo con la ley”.

También se refirió a hechos “que han sido de amplio conocimiento por parte de los colombianos, frente a los actos de corrupción del ahora exsecretario general del Departamento para la Prosperidad social, el señor Jonathan Ramírez Nieves, quien desafortunadamente fue el abogado principal de las campañas políticas del Pacto Histórico, en el año 2022″. Tras el conocimiento de este hecho, la entidad anunció su renuncia para aclarar “la información que compromete el buen nombre del DPS”.

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