Procuraduría advierte lluvia de demandas contra el Estado si no se descongelan las tarifas de peajes

La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer su preocupación por el congelamiento de tarifas de cobro de peajes en diferentes zonas del país. Pues, el Gobierno nacional decretó el 15 de enero de 2023 que los precios de 143 estaciones no se incrementarán, lo cual representa “un riesgo en la gestión pública y las finanzas de los colombianos”, según el órgano de control.

El Decreto 0050 de 2023 dice así: “se ordena no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura”.

En total, Invías tiene a su cargo 30 estaciones de peaje en Colombia, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuenta con 113 estaciones. El congelamiento de sus tarifas es problemático porque también son una piedra en el zapato para muchos proyectos de infraestructura vial.

“El Ministerio Público busca garantizar el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar cuantiosas demandas que recaerán en los contribuyentes”, explicó el ente de control en un comunicado.

Para 2023 el reajuste que debía hacerse para los cobros de peaje era del 13%, pero la decisión del Gobierno nacional de no permitir dicho incremento tendría consecuencias billonarias. “(El congelamiento tarifario) generará un detrimento para los concesionarios de un billón de pesos para el 2023 y, además, un déficit fiscal que podría conllevar a una obligación adicional para el Estado y todos los colombianos, de cubrir dichos recursos hasta alcanzar un nivel de cerca de $13,8 billones al año 2040″, enfatizó la PGN.

De acuerdo con el ente de control y vigilancia, estas repercusiones que pone sobre la mesa hacen parte de un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo.

En vista de las posibles consecuencias que puede tener el congelamiento de tarifas, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública solicitó a Invías y a la ANI una explicación sobre los planes de contingencia que tienen para garantizar la economía de los proyectos de infraestructura.

“El ente de control solicitó respuestas sobre las gestiones que se han realizado, por parte de la ANI, para que se aporten los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales que, de no hacerlas, podría afectar su liquidez”, añadió la PGN.

El primero de junio de 2023 la ANI informó que el peaje de Turbaco (Bolívar) seguiría con las talanqueras arriba hasta el 15 de junio. Es decir, en este caso no se trata de un congelamiento tarifario, sino del impedimento absoluto de cobro a vehículos que transiten por el corredor vial.

De acuerdo con la información suministrada por la agencia, mientras la medida permanece vigente, se avanzará en los diálogos con las comunidades del territorio, que son quienes exigen que no se reactive el cobro en el peaje.

Desde diciembre de 2021 las barras de la estación de Turbaco están arriba y solo por diez días volvieron a bajar. En abril, el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que nuevamente se detendría el cobro del peaje; dicha suspensión iría hasta el 30 de abril. Esto, con el fin de pensar en una reubicación del peaje.

“La idea es ubicarlo fuera de la zona urbana, podría ser entre Turbaco y Arjona. Esta decisión de suspender el cobro es hasta cuando sea necesario, pero el 30 de abril debe estar definido cuál es el lugar de la reubicación, vamos a buscar unos acuerdos. Sin embargo, hay que seguir cobrando o generando la tarifa para mantener la operación”, dijo el exmandatario, de acuerdo con el diario regional El Universal.

A pesar de lo dicho por Reyes, después se hizo una prórroga que ponía como fecha límite el 30 de mayo. Ahora, la ANI aseguró que la suspensión irá hasta el 15 de junio y todavía no se determina qué hacer con el peaje ni dónde reubicarlo.

Esto representa un riesgo para un proyecto específico que hoy se encuentra detenido, precisamente por el alto que se hizo en el cobro de las tarifas. Se trata de una iniciativa que adelanta la Concesión Autopistas del Caribe, la cual busca construir una doble calzada entre Cartagena y Barranquilla.

“No estamos pasando a fase de construcción, todo a su vez que tenemos activados unos riesgos que no nos permiten acceder a un cierre financiero, ya que tenemos una problemática de peajes”, señaló para La República Ernesto Carvajal Salazar, gerente de Autopistas Caribe.

Pues, el proyecto, cuyo valor asciende a 4.3 millones de pesos, no está financiado con recursos públicos, sino que su equilibrio económico depende de lo que se recauda en los peajes. Por eso, la suspensión del cobro en la estación de Turbaco resulta problemática.

Frente a esta situación, la ANI aseguró en Twitter que siguen evaluando alternativas de financiación para que el proyecto pueda continuar su curso.