El ministro de Justicia aseguró que es tarea prioritaria de las comisarías de familia frenar la violencia al interior de los hogares

En la mañana del sábado 3 de junio, el ministro de Justicia, Nestor Iván Osuna Patiño, lanzó un mensaje a los alcaldes y gobernadores encargados de implementar acciones de prevención contra la violencia intrafamiliar.

En el marco de un espacio participativo y de escucha activa entre comisarios, defensores de familia y Estado, el jefe de la cartera lideró el encuentro ‘Construyendo Juntos un Sistema Nacional de Justicia Familiar’, en el cual resaltó que cuando se protege la familia se está construyendo una sociedad pacífica, tranquila y preparada para prosperar y para ejercer la libertad, la democracia y la vida civil.

Además, el líder de la cartera de Justicia aseguró que el Gobierno nacional debe fortalecer la justicia familiar haciéndola más cercana a la ciudadanía.

“Si nos queremos tomar en serio la justicia familiar, para construir paz en el núcleo donde surge el conflicto que es en la familia, para edificar una sociedad mucho más pacífica, el Gobierno es consciente de que hay que cambiar la destinación de algunos recursos”, indicó el ministro de Justicia, quien por consiguiente invitó a los mandatarios locales para que prioricen el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la protección de los derechos laborales y la salud mental de los profesionales.

Por su parte, la viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Delgado, mencionó que “no tenemos muchos recursos pero sí contamos con capacidad técnica y con un equipo comprometido con la transformación de Colombia”.

De esta manera, la funcionaria resaltó que están construyendo un proceso de forma articulada con las defensorías y comisarías para tal efecto: “Tenemos que ir a los territorios, hablar con la gente y escuchar a los niños destinatarios finales del Sistema Nacional de Justicia Familiar”, informó.

“La invitación es a la participación, a la escucha, al encuentro de saberes y a reconocer que es la diferencia y el hecho de venir de territorios completamente distintos, unos con mayores dificultades que otros, para poder construir un sistema de justicia familiar eficiente”, concluyó la viceministra Delgado.

Por su parte la Corte Constitucional hizo un llamado para que las Comisarías de Familia atiendan casos de violencia intrafamiliar con enfoque de género. Es así como el alto tribunal advirtió, en sede de tutela, que las autoridades judiciales deben ser garantes de los derechos de las mujeres y que tal protección no debe quedarse en la esfera de la formalidad, sino que, por el contrario, debe trascender a la identificación de indicios que puedan advertir sobre una violencia de género, sea de índole psicológica o económica.

El pronunciamiento del tribunal se produjo tras el caso de una mujer que, en 2020, presentó una denuncia contra su expareja por violencia y pidió que se le otorgaran medidas de protección para ella y para su hijo por los presuntos hechos de violencia de los que fueron víctimas mientras convivieron junto al agresor y padre del niño.

Este fue el caso que llevo a que la entidad accediera y remitiera el oficio a la Fiscalía y a Medicina Legal para que se iniciara la investigación correspondiente.

Punto aparte, la Secretaría Distrital de Integración Social explicó las funciones y labores que se cumplen desde las Comisarías de Familia de la ciudad capital para el acceso de los residentes en Bogotá que necesiten de ellas.

La entidad distrital detalló que la Comisarías de Familia de Bogotá cumplen con una función legal para la protección, la garantía y restablecimiento de los derechos de los integrantes de las familias cuando son víctimas de violencia de género o de otras violencias intrafamiliares.

Como funciones elementales de estos espacios, la entidad añadió que las comisarías brindan una atención especial a los sujetos de protección constitucional como los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas que presentan alguna condición de discapacidad.

Asimismo, estas entidades encargadas de brindar la atención especializadas e interdisciplinaria tienen la obligación de prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes se encuentren en riesgo, sean o hayan sido víctimas.