Después de varias horas de silencio en Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las acusaciones sobre presuntas interceptaciones telefónicas, también conocidas como chuzadas, que se habrían hecho a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, y a su familia.
El presidente, a través de un trino en Twitter, señaló que ningún funcionario del Gobierno nacional ordenó dichas interceptaciones, y resaltó que es irresponsable hacer este tipo de acusaciones.
El jefe de Estado colombiano señaló que el viernes 2 de junio daría a conocer las decisiones que se tomaron desde el Ejecutivo respecto a la prueba de polígrafo que le hicieron a Marelbys Meza, por la pérdida de una maleta con dinero del apartamento de Laura Sarabia, jefe del gabinete de la Presidencia de la República.
“Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo”
Al parecer, el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en Twitter se dio tras terminar una reunión privada (que no fue en la Casa de Nariño) con Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por cuenta de las fuertes declaraciones entre sí y que involucran a Marelbys Meza, en las que se llegó a acusar de extorsión.
Fiscal general confirmó “chuzadas” a Marelbys Meza en el caso Laura Sarabia
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que hubo interceptaciones ilegales en contra de la exempleada de la funcionaria, practicadas por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional.
“Es un día lamentable para el Estado de derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia”, indicó Barbosa, en relación con este caso, en el que se habría intervenido el teléfono celular de Meza, por efectivos de la Dijín, quienes tenían a su cargo una investigación contra el accionar del Clan del Golfo, pero que —en medio de estas indagaciones— terminaron escuchando conversaciones de la exniñera con su círculo cercano, sin tener autorización judicial.
“No puede admitirse desde ningún punto de vista estas prácticas de violación de los derechos fundamentales sean aceptadas en Colombia. Esto es grave para la democracia”, agregó Barbosa.
Según el jefe del ente acusador, que habló desde el famoso búnker, el informe ilegal con el que se dio orden de intervenir durante 10 días la línea de la mujer fue firmada por un miembro de esta Dirección de Investigación, que está adscrita al Ministerio de Defensa. Pero además también incluida en esta irregular petición la línea de la persona que hacía el aseo por días en la residencia de la funcionaria, identificada como Fabiola.
La Fiscalía le otorgó medidas de protección a la exniñera de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Infobae/Archivo.
“Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos, de la señora Marelbys Meza; y de la señora Fabiola (persona del aseo)”, denunció Barbosa Delgado.
La hicieron pasar por integrante del Clan del Golfo
En su intervención, Barbosa indicó que usaron un informe de la Policía falso, en el que Marelbys Meza fue bautizada con el alias de La Cocinera y la otra mujer como La Madrina. En el primer caso, Marelbys hacía parte de un anillo de seguridad de alias Siopas, cabecilla del Clan del Golfo y vivía en el corregimiento de Tagachí, en Quibdó (Chocó), según información “obtenida por una fuente humana”.
“Es una vergüenza para la justicia colombiana”, recalcó el fiscal General de la Nación tras esta información. “Se inventan un informe de Policía Judicial con la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan, y posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional por las preguntas que hoy la Fiscalía tiene en trazabilidad Judicial”, señaló.