El viernes 2 de junio de 2023, la Fiscalía imputó cargos a 25 militares involucrados en la masacre en la vereda El Remanso, del municipio de Puerto Leguízamoo (Putumayo), ocurrida el 28 de marzo del 2022.
La imputación se da el mismo día que un grupo de indígenas hizo un plantón al frente del búnker de la Fiscalía General de la Nación, para que el ente de control le diera celeridad a la investigación.
“Después de la reunión con el Director delegado para los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación nos dieron una noticia muy importante, esperada durante todo este año: se trató de la imputación de los militares involucrados en la masacre de Bajo Remanzo, o involucrados en ese operativo como lo llamó la Fuerza Pública”, indicó desde las inmediaciones de la Fiscalía General de la Nación Juan David Ayure, abogado y acompañante de la delegación de indígenas que vino desde el Putumayo a preguntar por el caso.
El abogado Ayure añadió que “hay pruebas técnicas muy fuertes que nos mencionaron y que nos dieron esperanza de justicia. Las conoceremos en la audiencia de imputación que se programe este mes. Sabemos que fue solicitada desde el pasado 11 de mayo por la Fiscalía y ahí estaremos para exigir justicia y para que se cumpla”..
De acuerdo con información publicada por RCN Radio, entre los uniformados imputados están un coronel del Ejército Nacional, un teniente, un capitán, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales, quienes están a la espera de que se programen las fechas de audiencias ante jueces de control de garantías.
La solicitud fue enviada por parte un fiscal especializado ante los jueces de circuito, y en la misma se pidió que “se asigne y se programe, por parte de un juez penal municipal con función de control de garantías, la audiencia de formulación de imputación y de solicitud de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en establecimiento carcelario, adelantado por la conducta punible de “homicidio en persona protegida” en la modalidad de tentativa”.
Sobre los reclamos de la comunidad
Esta fue una masacre que sucedió el 28 de marzo de 2022 y en la que murieron 11 personas, entre ellas el gobernador indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche, del resguardo ya referido. También murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa embarazada y un menor de edad, en medio del desarrollo de una operación militar contra alias Bruno y alias Managua, pertenecientes a los “Comandos de Frontera”.
“Este fue un claro ataque a la población civil, pues esta comunidad se encontraba disfrutando desde hacía tres días de un bazar, en el que se estaban recogiendo fondos para la construcción de una placa huella. En las primeras informaciones dadas por el Ministro de Defensa del entonces ministro Diego Molano, las víctimas fueron catalogadas como integrantes de las disidencias de las Farc, pero gracias al trabajo periodístico investigativo de El Espectador, Vorágine y la revista Cambio, el país y el mundo conocieron la verdadera identidad de los asesinados”, advirtió la comunicación emitida este viernes 2 de junio por parte de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al anunciar sobre el desarrollo de este plantón.
En su momento, el 28 de marzo de 2022, Álvaro Rivadeneira, líder indígena de la zona, le dijo al periódico El Espectador que la comunidad estaba adelantando bazares para mejorar la infraestructura de la zona.
“Esos bazares siempre los hacemos cuando queremos mejorar la infraestructura de la escuela, por ejemplo, o cuando hay que hacer algún arreglo en las vías, ya veníamos haciéndolo en otros resguardos como el del Bajo Remanso y se realizan cada ocho días en cada comunidad”, comentó en aquel entonces Álvaro Rivadeneira.
Rivadeneira dijo que Pablo Panduro siempre había participado de estos espacios, incluso antes de ser gobernador, cargo al que llegó el 15 de enero de 2022, cuando se posesionó ante la alcaldía municipal de Puerto Leguízamo.
Pablo Panduro era oriundo de la cabecera municipal de Puerto Leguízamo, pero había vivido toda su vida en los resguardos ubicados en la zona rural, y su liderazgo era heredado, pues gran parte de su familia había pertenecido a las guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región, aunque la mayor parte de su familia vivía en cabeceras urbanas.