En minutos comenzará la marcha de la comunidad indígena del resguardo Bajo Remanso del Putumayo, cuyos miembros se están dirigiendo a la entrada de la Fiscalía General de la Nación, para exigirle al Gobierno Nacional de Gustavo Petro que dé respuestas sobre el proceso judicial que se adelanta por la Masacre de Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo.
Esta fue una masacre que sucedió el 28 de marzo de 2022 y en la que murieron 11 personas, entre ellas el gobernador indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche del resguardo ya referido. También murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa embarazada y un menor de edad, en medio del desarrollo de una operación militar contra alias ´Bruno´ y alias ´Managua´, pertenecientes a los “Comandos de Frontera”.
“Este fue un claro ataque a la población civil, pues esta comunidad se encontraba disfrutando desde hacía tres días de un bazar, en el que se estaban recogiendo fondos para la construcción de una placa huella. En las primeras informaciones dadas por el Ministro de Defensa del entonces ministro Diego Molano, las víctimas fueron catalogadas como integrantes de las disidencias de las Farc, pero gracias al trabajo periodístico investigativo de El Espectador, Vorágine y la revista Cambio, el país y el mundo conocieron la verdadera identidad de los asesinados”, advirtió la comunicación emitida este viernes 2 de junio por parte de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al anunciar sobre el desarrollo de este plantón.
El plantón estará acompañado por el representante a la Cámara por el departamento del Putumayo Andrés Cancimance, y una fuente le confirmó a Infobae Colombia que al plantón también asistirán la esposa del gobernador y el papá del niño que perdieron la vida hace ya más de un año.
No obstante, indicó el colectivo indígena, el Estado colombiano aún no ha esclarecido los hechos, pues lo único que se ha adelantado judicialmente al respecto, es la orden de investigar a seis altos militares por parte de la Procuraduría General de la Nación.
“Por eso, ante el lento paso de la justicia al respecto, la gobernadora indígena del resguardo Bajo Remanso, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (CDDHHPPII) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), realizarán un plantón no solo en apoyo a las víctimas y sus familias, sino también en señal de protesta hacia las entidades del Estado que tienen a cargo esclarecer este lamentable caso”, añadió la Comisión minutos antes de que comience el plantón.
“También invitamos a Colombia, a la misión internacional y a los medios de comunicación, para unir nuestras voces y pedir al Gobierno del presidente Gustavo Petro, justicia, verdad, reparación y no repetición de este tipo de hechos violentos que afectan a la población colombiana”, concluyó.
El asesinato de Pablo Panduro
En su momento, el 28 de marzo de 2022, Álvaro Rivadeneira, líder indígena de la zona, le dijo al periódico El Espectador, que la comunidad estaba adelantando bazares para mejorar la infraestructura de la zona.
“Esos bazares siempre los hacemos cuando queremos mejorar la infraestructura de la escuela, por ejemplo, o cuando hay que hacer algún arreglo en las vías, ya veníamos haciéndolo en otros resguardos como el del Bajo Remanso y se realizan cada ocho días en cada comunidad”, comentó en aquel entonces Álvaro Rivadeneira.
Rivadeneira dijo que Pablo Panduro siempre había participado de estos espacios, incluso antes de ser gobernador, cargo al que llegó el 15 de enero de 2022, cuando se posesionó ante la alcaldía municipal de Puerto Leguízamo.
Pablo Panduro era oriundo de la cabecera municipal de Puerto Leguízamo, pero había vivido toda su vida en los resguardos ubicados en la zona rural, y su liderazgo era heredado, pues gran parte de su familia había pertenecido a las guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región, aunque la mayor parte de su familia vivía en cabeceras urbanas.