Se abrió un nuevo capítulo en la novela de Laura Sarabia, jefe de gabinete de Gustavo Petro, y su ex niñera Marelbys Meza. En una rueda de prensa, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, reveló que en medio de las investigaciones clandestinas por un supuesto robo de dinero, los teléfonos de la ex niñera y la empleada doméstica fueron interceptados alegando que era colaboradora del Clan del Golfo.
En su alocución, Barbosa leyó el expediente que le abrieron a Meza. “A la niñera de Laura Sarabia la volvieron alias ‘la Cocinera’, dice aquí: ‘señora que vive en el corregimiento de Tagachí (Chocó). Esta señora es la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad que cuidan al comandante Siopas, cabecilla principal del bloque Jairo de Jesús durango Restrepo’”, relató el Fiscal General.
Frente al caso de alias ‘la Madrina’, de quien se desconoce el nombre, el fiscal general Francisco Barbosa dijo: “vuelven a la señora que iba a atender la casa por días como alias ‘la Madrina’, encargada de realizarle los giros de plata, comprarle comidas y llevar memorias con información como órdenes impartidas por el comandante Ómar, segundo cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, a los demás frentes”.
En medio de las investigaciones clandestinas, la empleada doméstica fue sometida al polígrafo al igual que la ex niñera, alegando que alguna de ellas había hurtado el dinero perteneciente a Laura Sarabia, quien tendrá que rendir indagatoria por el caso.
El informe además revela que la niñera es acusada por una supuesta fuente que tiene contacto directo con el clan del Golfo, pues es un elemento de confianza de algunos cabecillas de este. Así mismo, señala que la información de que Marelbys Meza era colaboradora del Clan del Golfo fue verificada por organismos de inteligencia, que en este caso vendría siendo la Dijín de la Policía.
Barbosa aclaró que la inteligencia no la maneja la Fiscalía y dijo que la Dijín interceptó a Meza por cerca de diez días. “Se van y se inventan un informe de Policía Judicial con la Dijín, se van y engañan a otro en Quibdó, las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan, y posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, las trasladan en un carro y les hacen un polígrafo”, agregó el fiscal.
Por su parte, Marelbys Meza dijo en entrevista con Semana que desde un principio sospechaba que la estaban ‘chuzando’. “Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie. Yo conocí al presidente en la campaña y le di alma, vida y sombrero”, declaró.
Rifirrafe entre la Policía y la Fiscalía
Ante las declaraciones del fiscal Barbosa, la Policía aseguró que las interceptaciones fueron autorizadas por la Fiscalía y que el teléfono de Meza no estuvo chuzado durante 10 días sino por 72 horas.
Según informó la Policía, el analista de la Dijín encargado de las ‘chuzadas’ a Meza le informó a sus superiores que había sido requerido por la Fiscalía para dar una declaración juramentada y que este requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín.
“Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, agregó la Policía.
Frente a esto, la Fiscalía desmintió a la Policía: “Es falso el argumento citado por la Policía Nacional en un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que indica que, el 26 de enero del año en curso, un investigador adscrito a la DIJIN solicitó interceptar las líneas telefónicas”.
El órgano judicial hizo un recuento de los hechos e indicó que el 26 de enero, mediante informe de policía judicial, un funcionario de la DIJIN solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas distintas a las de la exniñera y la otra mujer. Cuatro días después, el 30 de enero, otro policía elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas celular de la exniñera y de otra persona pertenecían a alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del ‘Clan del Golfo’ y pidió intervenir los números.
Según la Fiscalía, con base en los requerimientos presentados por los uniformados “se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres”. La autoridad en mención sería el fiscal 191 local contra el Crimen Organizado de Chocó, según afirma Cambio.
Cambio indica que el 2 de febrero el analista de las interceptaciones determinó que el número de la niñera no era de interés porque no había información sobre el Clan del Golfo en esa línea. Ese mismo día la Dijín le pidió al fiscal local de crimen organizado suspender la interceptación, pero esto no se hizo sino hasta el 13 de febrero.
Sin embargo, la Fiscalía dice que el investigador de la Dijín no hizo la solicitud de suspender las interceptaciones el 2 de febrero, sino el 9 de ese mismo mes, completando así 10 días de ‘chuzadas’.
“Está plenamente establecido que la solicitud de interceptar las líneas de las personas que trabajaron para la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República fue hecha un día después de que la señora Sarabia Torres y su esposo denunciaran la pérdida de 4.000 dólares. Esta información se publica por razones de interés general”, agregó la Fiscalía.