A otra de las múltiples y polémicas aristas del caso de Laura Sarabia y su exniñera Marelbys Meza se sumó la declaración que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, deberá entregar en la Fiscalía General de la Nación por solicitud del jefe de ese ente, Francisco Barbosa.
La confirmación la hizo el dirigente del organismo el jueves 1 de mayo, en compañía de la vicefiscal Martha Mancera, cuando revelaron que Marelbys Meza fue víctima de “chuzadas” por parte de la Dijín de la Policía. De acuerdo con el Fiscal General, el diplomático contribuirá a esclarecer estos hechos que tienen, de nuevo, al Gobierno nacional en una profunda polémica.
“Va a ser citado el embajador Benedetti a que nos ayude a corroborar los elementos que tenemos. Ya hay prueba técnica y hay elementos muy importantes para adelantar todas las acciones judiciales”, anunció el fiscal Barbosa.
Aunque por ahora se sigue investigando quién dio la orden de interceptar el celular de la mujer que cuidó en sus primeros meses de vida al retoño de la mujer más poderosa del Gobierno de Gustavo Petro, la vicefiscal Mancera aseguró que Benedetti jugará un rol determinante en establecer esos polémicos hechos.
“El embajador no tiene fuero para declarar. Por lo tanto, será llamado para que rinda su declaración y puede entregar la información que en el día de ayer empezamos a ver en los medios de comunicación”, aseguró la funcionaria de la Fiscalía General.
Sin embargo, la vicefiscal dejó en claro que tendrán en cuenta las pruebas y declaraciones que el embajador entregue, pero deslegitimarán las constantes críticas que le ha hecho a Sarabia, quien fue su trabajadora cuando era senador de la República por el Partido de La U.
Dentro de las líneas de investigación que abordará la Fiscalía están los miles de dólares que a Sarabia se le perdieron de su casa, por los que ordenó a funcionarios del Gobierno llevar a su entonces niñera hasta los sótanos de la Casa de Nariño para practicarle una prueba de poligrafía.
La Fiscalía, además, citará a indagación a varios policías y demás personal de seguridad de la jefa de gabinete del presidente Petro para que expliquen si participaron en esos polémicos sucesos que, incluso, el fiscal general Barbosa dijo que eran iguales a los que protagonizó en el pasado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
“Además será citados miembros activos de la Policía Nacional, personas que pueden estar involucradas por temas de inteligencia. Hemos tenido información de que incluso hay acciones de inteligencia en las cuales están trabajando para desencriptar WhatsApp. Ese es otro de los temas. (...) No podemos permitir que en Colombia entremos en un Estado policivo y un Estado perseguidor de derechos fundamentales”, dijo el fiscal general.
Barbosa, además, recordó que esos hechos, por los que fueron condenados mandos de la fuerza pública como el capitán (r) Fernando Alfonso Tabares, que fungió como director del DAS entre 2005 y 2009, época en que se presentaron esas persecuciones. De paso, comparó esos hechos no solo con las chuzadas a la exniñera y otra mujer que trabajaba por días en Casa de Nariño como empleada doméstica, sino con el informe falso presentado por la Policía para hacerlas pasar como integrantes del Clan del Golfo y así justificar tal seguimiento que se realizó por 10 días.
Incluso, la misma Policía se refirió a la confirmación de esas chuzadas y aseguraron que, entre otras cosas, esas interceptaciones duraron 72 horas.
“Tras verificar la información se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, aseguró la institución.