El presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), Mauricio Toro, dio una rueda de prensa el 31 de mayo en la que reveló que se encontraron inconsistencias y presuntas falsedades en documentos en cerca de 10.000 créditos otorgados entre 2018 y 2022 a personas con discapacidad. Esto, para responder a quejas que varios usuarios de la entidad hicieron sobre el bloqueo de créditos.
Estos créditos de los que habló Toro hacen parte de una línea que el Icetex tiene dedicada para proteger a todas las personas con discapacidad del país, con beneficios como el no pago de tasa de interés y solo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la condonación del 25% del crédito, y el derecho a un subsidio de manutención. Esta línea la escrutó la administración de Toro, que encontró inconsistencias:
“El Icetex, en su ejercicio de proteger a la población con discapacidad, empezó a hacer una revisión documental frente a los soportes que adjudicaron estos créditos durante el periodo de 2018 a 2022 —que no compete a esta administración— para revisar que efectivamente los créditos otorgados a la población con discapacidad iban dirigidos a personas con discapacidad”, explicó el presidente del Icetex.
Toro advirtió que hay 10.000 créditos, aproximadamente, “que fueron otorgados, donde hay inconsistencias en los soportes para garantizar que efectivamente tienen esas personas discapacidad”, lo que obligó al instituto a suspender la renovación de los créditos que hacen parte de este universo para el segundo semestre de 2023.
“De 129.000 renovaciones que se hacen hoy, 10.000 están presentando esas inconsistencias”, indicó Toro
También, reparó en que es necesario corroborar y garantizar que, en efectivo, las personas que presentaron una solicitud para ser beneficiarios de un crédito de protección constitucional con discapacidad sean personas efectivamente con discapacidad.
El presidente del Icetex dijo que esto se podría dar por dos situaciones. La primera, “jóvenes que cayeron en manos de tramitadores, que le entregaron a los tramitadores toda su información para que les tramitaran un crédito a Icetex, y esos tramitadores falsificaron documentos de EPS y de médicos diciendo que tenían una discapacidad para poder ingresar en esa línea, cuando no la tenían”.
Esos jóvenes, dijo, son víctimas de redes de tramitadores “que están corriendo por todo el país, que son ajenas a las universidades y al Icetex, que los engañan y los han metido en un grave problema penal”, advirtiendo que en el Icetex se parte “de la presunción de inocencia”.
El segundo grupo, expuso que lo conforman un grupo de jóvenes que, a sabiendas de que estaban cometiendo un ilícito y una irregularidad, pagaron por un certificado en donde les dijeran que eran personas con discapacidad para poderse presentar a esta línea con esos beneficios.
Jóvenes están en problemas
Y si bien, el presidente del Icetex advirtió que los jóvenes de ambos grupos están en problemas, el objetivo del Instituto “es proteger a la población y garantizar el derecho a la educación de toda esa población y garantizar el derecho de educación de toda esa población”.
“Se hace un análisis riguroso de cada uno de los documentos soportados, para garantizar así que si efectivamente estas personas están inscritas en el registro único de discapacidad y efectivamente son personas con discapacidad, pues puedan continuar con la renovación de su crédito”, advirtió Mauricio Toro.
Ahora, para quienes no puedan acreditar esto, Toro subrayó que “no van a tener la posibilidad de que se les renueve el crédito por esa línea”. Por lo que le pidió paciencia tanto a los jóvenes como a las universidades mientras se adelanta este análisis y así poder garantizar que “cada uno de los créditos que se otorgan a la población con discapacidad, pues vaya efectivamente para ellos”.
Después de hacer la depuración, anotó que en el caso de los jóvenes que no puedan comprobar que tienen alguna discapacidad, “la solución será pasarlos a una línea tradicional, cobrarles absolutamente todo el costo del subsidio de tasa y adicionalmente tendrán que reembolsar el subsidio de sostenimiento que se le otorgó a cada uno de ellos, por haber presentado documentación que no corresponde a la realidad”.
También dijo que se entregará la información para que los tramitadores que contribuyen a estos fraudes sean investigados por las autoridades competentes.