El 31 de mayo desde la Procuraduría General de la Nación se emitió un pliego de cargos en contra del excandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en un proceso de contratación.
Según indicaron desde el ente de control, el entonces gobernador habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), para la administración y pagos de los recursos destinados por la Gobernación y el municipio de Giraldo.
Según señalaron, por el monto millonario de la obra la adjudicación de los recursos debía ser bajo la figura de contratación de una fiducia a través de convocatoria de una licitación pública. El meollo generó varias reacciones de políticos, aunque la más notable es la del presidente Gustavo Petro, quien sorpresivamente salió en la defensa de Fajardo.
El jefe de Estado mediante un trino se solidarizó con el exgobernador de Antioquia e indicó que pese a ser aliados o no se les deben respetar los derechos políticos:
“Todo esto solo tiene el fin de evadir lo que. realmente esta sucediendo. A ningún funcionario elegido popularmente ni a ningún ciudadano o ciudadana la Procuraduria puede quitarle. derechos políticos. Sean aliados mios o no. La norma es general y se debe a la sentencia CIDH de obligatorio cumpmimiento (SIC)”.
Aunque desde la Procuraduría se ha indicado que el llamado de Fajardo es preciso ya que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia no tenía la capacidad suficiente para asumir lo estipulado en el contrato suscrito:
“Para el Ministerio Público, Fajardo Valderrama no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria y, por lo tanto, no cumple sus roles ni sus funciones”.
Los argumentos de la Procuraduría
Para el ente de control es claro que el exgobernador no podía modificar las condiciones mediante las cuales debían ser administrados estos dineros, en “donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto”.
Y el Idea no contaba con la capacidad para asumir los compromisos que implicaba un contrato de esta envergadura, pues no cumple roles ni funciones de una sociedad fiduciaria.
Del mismo modo, la Procuraduría fue enfática en señalar que “no era viable jurídicamente que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio a través del cual se modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración mencionado”.
Es decir, que habilitó la suscripción de este contrato por encima de los requisitos de ley, que obligan en este caso un proceso abierto, en pro de garantizar la pluralidad de oferentes.
“Fajardo Valderrama, al parecer, fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó y dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no solo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino que también vulnerando los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos destinados para el Proyecto Túnel El Toyo al Idea”, señaló la Procuraduría.
Por este proceso, el Ministerio Público calificó la presunta conducta irregular del exgobernador Fajardo como una falta gravísima cometida a título de dolo.
No es la primera vez que un fallo de los organismos de control pone “contra las cuerdas” al exaspirante a la Presidencia, pues en abril de 2021, en el inicio de la carrera hacia la Casa de Nariño, el fiscal General Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos contra Fajardo por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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