Reforma a la salud abriría las puertas a la corrupción, aseguran políticos y diferentes informes

Distintos sectores siguen manifestando su preocupación por la reforma a la salud planteada por el gobierno de Gustavo Petro, que ya fue radicada en la noche del lunes 29 de mayo para su segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Esta vez, un informe de Transparencia por Colombia junto con Así Vamos alertó que el sistema planteado puede traer riesgos de corrupción.

La información se basó en 67 casos de corrupción registrados entre 2016 y 2020, principalmente de tipo administrativo, privado y político, que habrían generado pérdidas al sistema de salud por 1,63 billones de pesos.

De este total, los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de los casos de corrupción, y los actores privados fueron responsables del 37,3%. Los delitos más comunes fueron celebración de contratos sin cumplir requisitos legales y el prevaricato por omisión. Además, el 25% de los casos estuvo relacionado con el suministro de medicamentos.

Por ese motivo, el informe hace una serie de recomendaciones y advertencias. Una de ellas es crear una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a las fuentes de financiación del sistema; también se recomienda hacer pública la información de contratación asociada al Plan Nacional de Equipamiento en Salud.

Así mismo, se alerta sobre el alto riesgo de injerencia política en la designación de instituciones de salud y sobre posible clientelismo territorial. Adicionalmente, se advierte sobre las facultades extraordinarias que se le concedería al presidente y se pide que se limiten.

En temas técnicos, se hace la observación de que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) no cuenta con la capacidad de desarrollar la tarea que le quiere otorgar la reforma: el manejo centralizado de todos los recursos del sistema. De igual forma, se resalta que no queda claro qué entidad se encargará del sistema de inspección, vigilancia y control. Tampoco hay disposiciones suficientes que permitan determinar el alcance de las auditorias en el sistema.

“Existe un riesgo de ausencia de control frente al pago de 80% de los recursos que son entregados a las instituciones prestadoras de servicios de salud”, se lee en el reporte.

Al informe de Transparencia por Colombia y Así Vamos se sumó un comunicado publicado por la representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao en donde también se plantean riesgos por corrupción en la reforma a la salud del Gobierno nacional.

Aquel comunicado fue producto de una mesa técnica en la que participaron varios expertos del sector, académicos y organizaciones que aportaron distintos puntos de vista sobre el proyecto de ley, cuyo segundo debate debería iniciar este jueves 1 de junio.

Para empezar, advierten de que posiblemente entraría en “riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud” debido a que la Adres pasaría a cumplir las funciones de las EPS y tendría que auditar entre ocho y diez millones de facturas de servicios en salud, sin que esta entidad cuente con la capacidad operativa, técnica y financiera para ello.

En otro punto, se expone que el proyecto de ley plantea que las prestadoras de salud les presten las cuentas de servicios solicitados y prestados a la Adres para que luego esta entidad les pague el 80% de los siguientes 30 días, mientras el valor restante puede estar sujeto a revisión y auditoría de las cuentas. Para los expertos, esto conllevaría a una auditoría muy débil que aumentaría el “problema de las cuentas infladas o excesivas que minan los recursos públicos de la salud”.

Por otro lado, el comunicado afirma que la reforma desconoce que la corrupción también proviene del sector público y califican como errada la visión de que los únicos culpables son los sectores privados.

También advierten sobre la posible politización del proceso de selección de directores de las instituciones sociales del Estado, porque el proyecto plantea que sean los alcaldes y gobernadores los que se encarguen de las nominaciones para estos cargos. “Esto supone una posible cooptación política o clientelización del sistema porque los alcaldes y gobernadores tendrán injerencia en cambiar directivos y contratos de prestación de servicios de quienes trabajan en el sistema cada 4 años”, se lee en la carta.

Finalmente, se advierte que no están claras las competencias de los actores involucrados en el sistema, por lo que los usuarios podrían desconocer la ruta a seguir para reclamar sus medicamentos o los mecanismos de rendición de cuentas si se llegase a presentar una falla en el servicio prestado.