JEP respondió a víctimas de Salvador Arana, tras libertad condicional: “No se está concluyendo el caso”

Luego de la polémica que se desató en el país con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el miércoles 31 de mayo concedió libertad condicional al exgobernador de Sucre Salvador Arana, una de las magistradas que tomó la determinación explicó los alcances de la misma y desmintió que con ello el caso concluya.

María del Pilar Valencia, que hace parte de la sección de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP, dejó en claro que el exmandatario seccional seguirá vinculado al proceso de sometimiento por su alianza con grupos armados ilegales.

“Esta decisión se otorga en el marco de la sala de definición de su situación jurídica, en donde se define la comparecencia y los beneficios provisionales en este proceso, de terceros que pudieron haber tenido un grado de responsabilidad en las violaciones de derechos humanos, en el marco del conflicto armado”, expresó Valencia en entrevista concedida a Blu Radio.

Arana, gobernador de Sucre entre 2001 y 2003, y quien confesó haber ordenado el homicidio del alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de abril del 2003 con evidentes signos de tortura, luego de durar desaparecido durante dos meses, admitió haber sido compareciente ante la JEP; es decir, responsable de delitos.

No obstante, recalcó la magistrada, para gozar de la libertad transitoria condenada y anticipada, Arana debió hacer aportes “suficientes, efectivos y novedosos” a la verdad, y también acogerse a un plan completo y programado para hacer la reparación a las víctimas. Esto es un beneficio provisional, con lo que el caso sigue abierto.

El exgobernador, que además fue embajador de Colombia en Chile, fue condenado por la justicia ordinaria a 40 años de cárcel por desaparición forzada, homicidio y vínculos con grupos paramilitares, además del pago de $2.300 millones, de los cuales pagó la mitad, en diferentes establecimientos penitenciarios.

Según Valencia, lo dicho por Arana permite asumir, con presunción de verdad y partiendo del principio de buena fe, su responsabilidad en estos hechos, pues hace parte de un conjunto de relaciones de la alianza entre los políticos de ese entonces y los paramilitares, para el exterminio de sus contradictores.

Entre las pruebas que entregó el exgobernador está un listado con 29 hombres, que estarían involucrados en estas conductas.

Aunque Valencia aclaró que todavía no pueden hacer una valoración definitiva de la calidad de la información, pues se tendrán que desarrollar más audiencias que determinen el tiempo, modo y lugar de estos actos criminales, sí ayuda a orientar la investigación en contra del exgobernante.

La funcionaria manifestó que la libertad de Arana es condicionada porque él tiene que cumplir lo que se ha denominado una serie de momentos procesales, como una versión voluntaria: en la que tendrá que aportar nuevos elementos probatorios, que conlleven a esclarecer su responsabilidad y la identificación de otros máximos responsables de los hechos en los que se vio inmerso.

Y frente a los reclamos de las víctimas, quienes se han mostrado en contra de la decisión, como el hijo del alcalde Eudaldo Díaz, Juan David Díaz, quien manifestó su temor ante la libertad de Arana; y Kety Martínez, hija de la asesinada fiscal hija de la fiscal Yolanda Paternina, entre otras, la magistrada Valencia no mostró su objeción a que dejen saber su desacuerdo.

Sin embargo, indicó que “con esta decisión no se está concluyendo el caso, apenas este es el comienzo, como la transición a una nueva etapa procesal. No significa que haya una exoneración definitiva frente a esta responsabilidad, sino que se seguirá indagando”. Con ello dijo ponerse del lado de las víctimas, en su deseo que haya justicia y reparación.