Exfiscal anticorrupción vinculado al “cartel de la toga” asegura que quieren atentar contra su vida

Luis Gustavo Moreno, el testigo estrella en contra de miembros de las altas esferas judiciales y políticas del país involucrados en el denominado ‘Cartel de la Toga’, denunció ante la Fiscalía que planean desprestigiarlo y atentar contra su vida.

En una carta dirigida a Javier Cárdenas, fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal condenado por corrupción aseguró que “diferentes fuentes humanas” lo alertaron del plan.

“Por medio de diferentes fuentes humanas que por seguridad me piden preservar sus nombres, me han manifestado que existen personas implicadas en el caso de corrupción judicial ya referido, que están pensando en montarme una campaña de desprestigio con el ánimo de minar mi credibilidad denunciando unas supuestas extorsiones al interior de la Fiscalía General de la Nación donde contarían con el apoyo de altos funcionarios de esa corporación y paralelamente a ello atentar contra mi vida”.

Agrega que el motivo para urdir este propósito es su calidad de testigo en contra de “exmagistrados, fiscales delegados ante la corte, magistrados auxiliares, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, un exfiscal general de la Nación y aún me falta por declarar en contra de otros tantos, entre los que se encuentra el expresidente de la Corte José Leónidas Bustos Martínez y otros congresistas que aún ostenta poder político y judicial”.

Justamente, Moreno deberá declarar en medio del proceso judicial en contra del exmagistrado Leonidas Bustos y el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía. Lo mismo deberá hacer en contra del representante a la Cámara Wadith Manzur y contra el exgobernador del César Lucas Segundo Gnecco Cerchar en el marco de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.

La carta finaliza con una petición al fiscal Cárdenas ―encargado del acuerdo de colaboración que Moreno tiene con la justicia en el proceso― para que se tomen medidas adicionales de seguridad y protección y se investiguen los hechos denunciados.

Moreno fue condenado en marzo de 2018 por el Cartel de la Toga. Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad en octubre pasado al concluir que el exfiscal anticorrupción ya había cumplido con su pena.

Los delitos por los que fue condenado fueron concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada. Además, fue condenado por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero. Por eso, tuvo que cumplir una pena de cuatro años, 10 meses y 15 días entre ambos países. La Corte Suprema estableció que los cargos en el país norteamericano y en Colombia se fundamentaron en los mismos hechos, motivo por el que empezó a contar su tiempo de privación de la libertad en junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición.

Meses después de ser liberado, se conoció que fue designado como jefe de contenidos especiales y editoriales del portal Nación Paisa. “Pagué mis culpas, recuperé mi libertad. Estuve condenado por muchos años en diferentes cárceles de Estados Unidos y Colombia. Quiero agradecerle a Dios y a esta casa editorial que me da una segunda oportunidad”, dijo en un video publicado en el sitio web del medio.

Se trató de una organización criminal organizada y dirigida por Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez, dos magistrados de alto nivel, y que estuvo integrada por Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández, entre otros.

Estaba “dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal” y “manejar procesos” a cambio de dinero. Sus clientes eran congresistas y gobernadores que tuvieran indagaciones, investigaciones o procesos en su contra en la Fiscalía o en la Corte Suprema de Justicia.

Para beneficiarlos, se conseguía y utilizaba información privilegiada de los procesos judiciales para dilatar los trámites, alterar evidencia e instrumentalizar a los medios de comunicación para restarle credibilidad a los testigos. Con esto, se buscaba obtener decisiones favorables a los clientes, entre los que estuvieron Musa Besaile, Álvaro Ashton, Juan Carlos Abadía Campo y Alejandro Lyons.