Con 35 votos a favor y cero en contra, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en séptimo debate el proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. En la misma sección, pero del Senado, por unanimidad vio el visto bueno la iniciativa de reforma constitucional que crea la jurisdicción agraria y rural.
Esta última iniciativa, liderada por el Pacto Histórico y el Gobierno nacional a través de los ministerios de Agricultura y Justicia, permite también la rápida solución a los conflictos de tierra que se presenten en Colombia y avanzar en la formalización de terrenos para familias campesinas y víctimas del conflicto armado.
Al respecto, el senador Alexander López Maya recordó que las altas cortes ordenaron la creación de esa justicia que también hace parte del cumplimiento del primer punto del Acuerdo Final de Paz: la Reforma Rural Integral (RRI). “El 75% de las tierras en Colombia tienen una titularidad de predios indefinida, esa es una situación supremamente grave que, esperamos, se pueda resolver”, dijo el legislador de la bancada oficialista.
“También tengo que agradecerle a la honorable Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, quienes (sic) también en una actitud constructiva y de diálogo, aportaron herramientas fundamentales que nos van a permitir (...) mantener sus competencias tratándose de estos asuntos de definición de controversias”, agregó López Maya.
El ministro de Justicia, por su parte, resaltó en ese sentido el consenso al que se llegó con los altos tribunales para la aprobación del proyecto de reforma. Semanas atrás habían cuestionado la propuesta de crear una Corte Agraria para solucionar los conflictos de tierras en el país.
El 19 de abril, la Corte Suprema advirtió que era “innecesaria” la consolidación de una nueva instancia que, de acuerdo con el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia, responde a la necesidad de la población campesina víctima del conflicto y que no ha sido reparada por el sistema judicial actual.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Fermando Castillo, manifestó que “con la actual infraestructura, capacidad e idoneidad del sistema judicial colombiano, es innecesaria la creación e implementación de una justicia especializada que dirima los conflictos de uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país”. De paso, dijo que se le deben hacer ajustes al proyecto de acto legislativo, que solo debe pasar un debate más para su sanción presidencial.
Bajo ese panorama, el jefe de la cartera de Justicia y el Derecho resaltó, tras la aprobación de la iniciativa, que “finalmente ofreceremos a campesinos y campesinas la posibilidad de resolver en derecho y con justicia esos pleitos de tierras que históricamente se han resuelto a bala”.
El funcionario también dijo que con las decisiones de jueces de instancia también se solucionarán asuntos relacionados con el derecho civil (propiedad, tenencia, usufructo o arriendo de la tierra) y administrativo, entre ellos la adjudicación de terrenos baldíos, licencias ambientales y de uso del suelo.
“Lo que queremos es que la justicia por fin llegue al campo”: Jhenifer Mojica
La ministra de Agricultura calificó de “histórica” la aprobación del proyecto de reforma, así como los consensos entre distintos sectores políticos, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. “No hay mejor escenario para la resolución de nuestras dificultades, de las discusiones sobre la tierra y la propiedad que los de justicia (...) En eso queremos que avance este cumplimiento de la RRI”, sostuvo la alta funcionaria.
Solo le resta un debate a este proyecto de acto legislativo que, en medio de los encontronazos del presidente Gustavo Petro con instancias y organismos de la Rama Judicial, logró un acuerdo entre el Ejecutivo, las altas cortes y las bancadas de Gobierno y oposición.