Campesinos de Caquetá claman ayuda por la violencia que los azota

Este miércoles 31 de mayo de 2023, organizaciones campesinas que hacen parte de zona de la Cordillera Oriental del departamento de Caquetá, lanzaron una advertencia sobre el agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en la región.

Esta petición la lideraron organizaciones de seis municipios del departamento: Florencia, Montañita, Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

Dentro del pliego de situaciones que manifestaron a través de un comunicado oficial, expusieron recientes disputas por el control territorial entre grupos armados subersivos y la continua explotación de los recursos naturales de de la Amazonía, para el mantenimiento de negocios ilícitos en la región.

También señalaron que la militarización de las zonas afectadas por el conflicto no es la solución a los problemas estructurales que se presentan y que, por el contrario, pueden dar origen a acciones militares en contra de los derechos humanos y de la población civil y campesina.

Además, mencionaron sobre el efecto de la movilización convocada por algunos partidos políticos y funcionarios públicos en la región, diciendo que esta solo ha primado la seguridad por encima de la libertad y que resulta beneficiando “a unos pocos” y no a la comunidad.

Por las razones anteriores, las organizaciones pidieron al Gobierno nacional de manera urgente agilizar todas las acciones tendientes a garantizar la protección de la población, comunidades, territorios, líderes y lideresas que hagan parte de organizaciones campesinas.

En el más reciente informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja se evidencia que la situación de violencia por el conflicto armado en Colombia empeoró por quinto año consecutivo al terminar el 2022.

Así, la situación humanitaria también se agravó en muchas regiones de Colombia, donde los desafíos humanitarios persisten, la violencia se ha recrudecido y el número de conflictos armados internos ha aumentado de seis a siete, señaló el CICR.

Al presentar su balance anual y los retos de este 2023, el Comité de la Cruz Roja señaló que uno de los conflictos que se mantienen seis años después de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, es el enfrentamiento entre las disidencias que no se acogieron a ese histórico pacto y el ELN. Ambos grupos hacen parte de la política de paz total del Gobierno.

De acuerdo con el análisis de la organización humanitaria, las zonas más golpeadas por el conflicto en 2022 fueron los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Sin embargo, en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, la población civil y campesina también sufrió el recrudecimiento de la violencia. Aunque en esos departamentos del sur del país las cifras absolutas “no parecen tan altas”, explicó Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR; adquieren otra dimensión cuando se considera la baja densidad poblacional en esos territorios.

Entre las cifras de impacto humanitario que documentó el CICR en 2022, como consecuencia de la violencia y las amenazas de grupos armados ilegales, más de 123.000 personas se desplazaron de manera individual y otras 53.000 sufrieron desplazamientos masivos.

Por otra parte, 39.000 personas estuvieron confinadas en ocho departamentos por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios.

Hubo 515 víctimas de minas antipersona, restos explosivos de guerra y artefactos lanzados y de detonación controlada, de las cuales 56 fallecieron, además de 209 casos de desaparición forzada relacionados con los conflictos armados internos en el país.