Se radicó este martes 30 de mayo en la Comisión Primera del Senado de la República la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales: una iniciativa que está liderada por el congresista Ariel Ávila, del partido Alianza Verde.
De acuerdo con Ávila, lo que se busca con esta iniciativa es que los grupos armados al margen de la ley se puedan someter en el marco de la paz total propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sin que ello signifique la entrega estatus político a estas organizaciones delictivas.
Las bandas ilegales que quieran acogerse a esta ley, tendrán que confesar sus delitos, además de reparar a sus víctimas y pagar una pena en prisión.
“Aquí va a haber cárcel de seis a ocho años, más cuatro años de pena supervisada; eso es más de lo que fue (la ley de) Justicia y Paz”, expresó el senador ponente, con respecto a uno de los proyectos bandera del mandatario de los colombianos.
A su vez, quienes se sometan a esta ley podrán conservar el 6% de los bienes que entreguen a la justicia; según se pudo leer en el artículo 40 del proyecto que será tramitado en el parlamento. Eso sí: si se demuestra que el beneficiario incumplió los compromisos contenidos en el acta de sujeción a la justicia, podrán ser objeto de extinción de dominio.
Por su parte, para quienes ya estén cumpliendo su condena, tendrán que pagar 10 años y, a su vez, esperar 18 meses de supervisión; además del tiempo que deberá aguardar para la firma del acta de sometimiento.
“No hay tribunales transicionales, no hay jueces nuevos, es la justicia ordinaria”, agregó Ávila, quien afirmó que no se prevén cambios con respecto a la ponencia radicada en el legislativo. Y que, finalmente, no será tramitada con mensaje de urgencia.
En el documento radicado, se pretende contribuir a los derechos de las víctimas, desde lo que se ha denominado “los enfoques diferenciales”. Al mismo modo que se quiere garantizar la no repetición, “desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes”.
Otro de los ponentes de esta iniciativa es el senador Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, exguerrillero de las Farc, quien desde 2018 hace parte del Congreso, gracias a las curules entregadas al partido político del extinto grupo armado, luego del acuerdo de paz en 2016.
Es importante aclarar que estructuras criminales como el EPL y sus disidencias, el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) y los Rastrojos, entre otras, tendrán un plazo de dos años para lograr su desarticulación total y, así, someterse de manera voluntaria.
En el proceso tendrán que suspender todo tipo de actividades delictivas, además de llevar a cabo la entrega de armamento, de las personas que tengan secuestradas y los menores reclutados. Y dar toda la información acerca de redes de apoyo, los colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas desarrolladas.
Gobierno defendió el proyecto de la ley del sometimiento
Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió en defensa del proyecto de ley radicado por Ávila, dejó en claro que el tema de la extradición, que era una de las preocupaciones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, no sufrirá cambios.
“El proyecto de ley no menciona, ni afecta, ni altera para nada las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se ha comprometido sobre la extradición. Eso se seguirá rigiendo por las leyes y tratados aplicables”, expresó Osuna.
Preocupación por la coalición de Gobierno
Asimismo, el senador Ávila expresó su preocupación por el momento que atraviesa la coalición de Gobierno, tras la salida de los partidos Conservador y de Unidad Nacional. Al respecto, el congresista le pidió al Ejecutivo recomponen la conformación de dicha coalición, debido a que varias de las iniciativas que cursan en el Congreso estarían en riesgo.