Avanza en Colombia la prohibición del glifosato para erradicar cultivos ilícitos

En primer debate fue aprobado en la Comisión Quinta del Senado –con nueve votos a favor y uno en contra– el proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia.

En calidad de autora y ponente, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández celebró la noticia en su perfil de Twitter, con un video en el que, además, insiste en la necesidad de fortalecer la política antidrogas enfocada en la desarticulación de las mafias. Una bandera del actual Gobierno.

Y a renglón seguido sugiere que está “es una decisión en beneficio del ambiente, de los acuíferos, de los animales y por supuesto en beneficio de la salud humana”. De ahí que se enfoque en obtener un resultado similar en la Plenaria del Senado, en donde se realizará el segundo de cuatro debates.

Y es que, entre sus argumentos para prohibir el uso de este pesticida en las actuaciones del Gobierno encaminadas a combatir el narcotráfico, expuso que hay un sin número de “estudios asociados a la OMS y otras organizaciones científicas que concluyeron que la exposición al herbicida trae efectos potencialmente cancerígenos sobre la salud. Se ha evidenciado cáncer en los animales, problemas en huesos y órganos, pérdida de peso y deformaciones”.

Esos efectos nocivos en las distintas formas de vida le han ganado al Estado colombiano al menos 230 demandas en los últimos años; por las que tendría que pagar unos 2.11 billones de pesos.

Además, de ser aprobado el proyecto de ley, insinuó que podría llegar a consolidarse una política de Paz Total que solucione el problema del narcotráfico; ya que, significaría “que de una vez por todas se acepte que la política antidrogas, que tenía como pilar, entre otras cosas, el uso del glifosato y la criminalización de los campesinos es un modelo que fracasó”.

Algo en lo que habría profundizado con cifras sobre la producción de coca en las últimas tres décadas –a manera de ejemplo– entendiendo qué estrategias se han utilizado con más frecuencia en la erradicación de cultivos ilícitos:

“En 1991 había 160.120 hectáreas de coca y para 2021 teníamos 204 mil. Los niveles de resiembra llegaron al 38% al priorizar la erradicación forzada (incluyendo glifosato). Un fracaso total. Contrario a las acciones de sustitución voluntaria, que el anterior gobierno congeló en su interés de hacer trizas la paz y la implementación del acuerdo de paz, y que mostraron ser efectivas pues según cifras de la propia ONU los niveles de resiembra en esta modalidad fueron inferiores al 7%, incluso en un momento mostraron ser menores al 1%”.

En un principio, el proyecto fue ampliamente criticado por partidos como el Conservador y Cambio Radical. Pero la senadora Hernández logró conseguir su apoyo luego de acordar que no se limitara el uso del herbicida en otras prácticas del sector agropecuario:

“Se concertó un parágrafo en el artículo 2, donde queda explícito que se permitirá el uso de glifosato en las demás aplicaciones de tipo agropecuario, pensando en el pequeño productor que hace aspersión controlada y focalizada de glifosato, con una concentración mucho menor a la de cultivos ilícitos”, precisó el senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador.

Desde 1992, el Gobierno de Colombia inició un programa de aspersiones con glifosato a través del Consejo Nacional de Estupefacientes —CNE— para erradicar los cultivos ilícitos en zonas rurales. Se estima que, desde entonces, se ha realizado la aspersión aérea de al menos 1′800.000 hectáreas; sin embargo, con el álgido debate alrededor del uso de este químico y las afectaciones ambientales y de la salud de los campesinos, la entidad suspendió su uso mediante la resolución 0006 de 2015.

Actualmente, el programa se encuentra suspendido por orden de la sentencia T-236 de la Corte Constitucional. En el fallo, el alto tribunal le advierte tanto al CNE como a la Autoridad Nacional de Liencias Ambientales —ANLA— que “la reanudación de la actividad está supeditaba a la implementación de un proceso decisorio, participativo, imparcial y riguroso que evalúe los posibles impactos sobre la salud de las personas que habitan la zona asperjada” así como los daños a los ecosistemas.