El excongresista Luis Fernando Almario se convirtió el lunes 29 de mayo en el primer acusado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha sido denominada como la Fiscalía del ente, por presuntos nexos con exintegrantes de la extinta columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc, en su época como parlamentario.
En el escrito de acusación contra Almario, se le levantaron de la comisión de 30 delitos, entre ellos secuestros, desplazamientos forzados y homicidios, de los que fueron víctimas líderes políticos y sociales.
Entre ellos la familia Turbay Cote, que sufrió la muerte del representante Diego Turbay Cote, que fue ultimado el 29 de diciembre de 2000, cuando se dirigía a Puerto Rico (Caquetá). Turbay Cote era, en ese entonces, el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara.
Además del homicidio de su madre, Inés Cote de Turbay, tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, quienes se movilizaban con el congresista aquella fatídica jornada.
Los 30 delitos por los que fue acusado Almario
En esta audiencia, Almario fue acusado de los homicidios de seis alcaldes, un concejal, un congresista (Diego Turbay Cote) una diputada y un gobernador. Pero aparte, también deberá responder por la muerte de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas; al igual que el secuestro de un parlamentario, un alcalde y un concejal.
Asimismo, al exrepresentante se le señala como responsable del desplazamiento de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico y un concejal de Florencia. A los que se suman un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.
Según el escrito de acusación, Almario —quien fue representante entre 1994 y 2002, por el Movimiento de Participación Popular, que después fue Alas Equipo Colombia— se habría aliado con exmiembros del Bloque Sur de las Farc, que tenían como objetivo hacerse al control político del departamento del Caquetá.
Y es que en la diligencia judicial, se hizo énfasis en que Almario fue clave para lograr un objetivo que tenía definido la organización ilegal de las Farc, que era alcanzar el poder por todos los medios posibles, el cual lograron en su momento.
“Es histórico porque es el primer escrito de acusación que presenta un fiscal de la JEP en Colombia por un crimen de lesa humanidad, el cual se estructuró a lo largo de la investigación y que tiene como fundamento la facultad que tiene la JEP de estructurar la calificación jurídica propia”, manifestó el director de la Unidad, Giovanni Álvarez Santoyo.
¿Por qué es histórica esta acusación?
Es la primera vez que en el país se presenta un escrito de acusación, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), por el crimen de persecución. En el caso de Almario, es señalado en la calidad de coautor de dichos crímenes.
“Ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y el año 2002, que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal Turballista, es decir, que esta acusación no solo es por el secuestro y homicidio de los miembros de la familia Turbay Cote, sino de un gran conglomerado de personas que hacía parte del grupo Turballista del Caquetá”, mencionó Álvarez Santoyo.
En el juicio, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que pedirá la máxima pena contra el excongresista, que sería de 20 años de cárcel. Luego de que Almario buscó someterse a la JEP, en pro de salvarse de una condena mayor, por 40 años, en la justicia ordinaria.
En el historial de Almario, llama la atención que en 2016 fue condenado por parapolítica, pues en su afán de seguir siendo el cacique político en el Caquetá también estableció alianzas con grupos de autodefensas, con los que efectuó constreñimiento a los electores en esta región del país.
Conducta delictiva por el que fue encontrado responsable, luego de que el caso estuviera en poder de la Corte Suprema de Justicia.
“Esto no puede volver a ocurrir en este país. Los alcaldes, gobernadores, concejales, representantes a la Cámara, los diputados, no deben llegar a estas corporaciones por acuerdos entre políticos y miembros de grupos al margen de la ley. Es grave para la democracia, para el país y para cualquier lugar del mundo”, reafirmó Álvarez Santoyo.
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