Durante el último día de la Cumbre Nacional Minera, que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, se refirió a las principales características que tendrá la nueva política pública de minas que presentará el Gobierno nacional.
“La comisión accidental del Congreso de la República ya realizó más de 25 audiencias con miles de mineros y comunidades afectadas por la minería. Nosotros, como ministerio, acompañamos estas audiencias y además generamos espacios de acercamiento con el sector privado”, dijo Vélez sobre la participación de los diferentes actores en el proceso.
Algunos de los avances del proyecto de construcción minera, según la ministra buscan:
1. Seguir la hoja de ruta que busca ordenar el territorio alrededor del agua.
2. Ampliar los mecanismos para acceder a la titulación minera en todo el país.
3, Se construirá un plan de conocimiento geocientífico para la toma de decisiones sobre las prácticas extractivistas.
Así mismo, la jefe de la cartera señaló que el próximo semestre se llevará este proyecto al legislativo para iniciar su discusión.
La dura crítica del Ministerio de Ambiente al Código Minero
Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, criticó el actual Código de Minas señalando que este condenó la minería tradicional a la ilegalidad:
“(...) al condenarla a la ilegalidad se la entregó a capitales ilícitos, a grupos armados, a zonas de violencia y destrucción con una gran vulneración de esas comunidades en los territorios”
La ministra fue enfática en señalar que los efectos causados por la minería ilegal tienen a muchas regiones de Colombia en crisis. En especial, se refirió a la situación que vive la región de La Mojana en donde sus habitantes tienen que ir cotidianamente a hacerse una diálisis para poder sobrevivir por los efectos del mercurio.
“Tenemos que hablar de la injusticia de un Código Minero que decidió entregar al capital internacional, por encima de los territorios, del ambiente, de la salud y de las comunidades, los recursos para la extracción de minerales, principalmente para su exportación, dejando atrás no solamente territorios devastados sino una falta de reconocimiento a aquellos mineros ancestrales y tradicionales que por décadas trabajaron en un contexto social integral”, afirmó.
Así mismo, Muhamad se refirió a la necesidad de definir claramente dónde se puede hacer minería y dónde no, bajo un pacto social con las regiones sobre las condiciones de esa explotación en un contexto más amplio y entender que se quiere hacer en la transición energética justa.
“Es momento de revertir esta situación, y es momento también de que la justicia se haga frente a esos títulos entregados legalmente en zonas donde no se debieron entregar, pasando por encima del agua de las comunidades y pasando por encima de la capacidad de resiliencia, despojando y desplazando a las mismas poblaciones. Y en este gran desorden es hora de iniciar un ordenamiento”
Según el Ministerio de Minas y Energía, las desigualdades que provienen de las actividades extractivisitas en el país afectan en gran parte de La Guajira, un departamento con 78% de insatisfacción por necesidades básicas y que cuenta con una de las minas más importantes a nivel nacional, el Cerrejón.
La Cumbre Nacional Minera reunió a más de 1.500 actores del sector minero, habitantes de 13 regiones del país donde hay presencia de operaciones mineras. En su desarrollo, abordó a través de 50 mesas de trabajo, la visión de las comunidades frente a la minería y de la mano con el Gobierno nacional se recopiló información para la construcción del texto de la Ley Minera.
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