Bogotá en vilo: el laudo arbitral a favor de Promoambiental que podría ser revisado por la Corte Constitucional

Un millonario pleito por el barrido de las calles de la capital colombiana fue resuelto en septiembre de 2022, luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá anulara el laudo que un Tribunal de Arbitramento había fallado en favor de Promoambiental Distrito S.A.S. ―un operador de aseo― en noviembre de 2021. Sin embargo, el pleito podría revivir en la Corte Constitucional.

La discusión se centra alrededor de cómo debería ser distribuida la bolsa del barrido de la ciudad, que se estima en unos 17.000 millones de pesos. Promoambiental, que se encarga de la zona 1 de la capital ―la zona oriental― reclama que el cálculo se debería hacer por kilómetros recorridos, pues el área que le corresponde es de las más grandes, pero con menos densidad poblacional; según está establecido actualmente, cada operador debe barrer el área que tiene encargada y cobrarles a los usuarios que viven allí.

Promoambiental interpuso una acción de tutela en contra de la decisión del Tribunal de Bogotá ante la Corte Suprema de Justicia, pero fue denegada en 2023. Ahora, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares pide que se revise nuevamente esa tutela.

Al respecto, Alejandro Carranza, gerente general de Proceraseo S.A.S., habló con Infobae Colombia acerca del conflicto que mantiene la entidad con Promoambiental, lo que podría significar una eventual decisión de la Corte Constitucional sobre el laudo arbitral a favor de ese operador de aseo e inclusive expresó su preocupación porque aquella compañía tiene en sus filas a gente cercana a Gustavo Petro y Verónica Alcocer, lo que les podría resultar provechoso.

¿Cómo inició el conflicto de Proceraseo contra Promoambiental, que ya lleva varios años?

Debido a que en Bogotá había un problema en el modelo de aseo pasado con la libertad de competencia, se desarrolló un sistema a través del cual los competidores podrían dar sus ofertas por tener las cinco zonas en las que se divide la ciudad. Todos hicieron sus ofertas para barrer las áreas públicas, recolectar los residuos y transportarlos hasta el relleno sanitario Doña Juana.

La licitación tenía unos tips: decía que el que diera mayor descuento en el barrido público se le otorgaría determinada zona. Hay cinco empresas, (Promoambiental, Limpieza Metropolitana, Ciudad Limpia, Área Limpia y Bogotá Limpia) que ganaron entre 32 competidoras. A cada una se le dio una zona.

Promoambiental se quedó con la zona de todos los cerros orientales, que va desde Usaquén hasta Sumpaz. Se trata de una zona extensa y amplia, pero llena de bastante vegetación. Los que licitaron para quedarse con esa zona no hicieron un modelo financiero, ni estudios profundos para establecer y conocer bien las áreas. Después de que ganaron la licitación se dieron cuenta de que la falta de sus estudios había ocasionado que no recibieran el retorno de ingresos que esperaban, así que decidieron empezar a hacer una interpretación de la licitación y a variarla.

Así que fueron a un tribunal de arbitramiento y perdieron porque querían reformar precisamente esas fórmulas para lograr ganar dinero. Pero, luego demandaron a Proceraseo, echándole la culpa de que es que ellos barrían más y que la fórmula debería ser de esa manera.

Ganaron, pero hubo un salvamento de voto porque se dieron cuenta de que no era posible que un tribunal se pusiera a variar la tarifa al servicio público por una discusión supuestamente privada. La Sala Civil del Tribunal del Distrito de Bogotá anuló el laudo arbitral porque vio que se estaba modificando la licitación.

Entonces, de eso se formuló una tutela y el doctor Humberto Sierra Porto, que es el apoderado de Promoambiental, no impugnó y avisó desde febrero que la Corte Constitucional podría hacerse cargo de este asunto, lo cual nos llamó mucho la atención porque aquí no se está discutiendo un problema fundamental, sino un tema económico.

¿En qué va en este momento el conflicto contra Promoambiental?

En este momento nos enfrentamos a esa profética enunciación que nos hizo el doctor Humberto Sierra Porto cuando dijo desde febrero que la Corte escogerá la tutela que interpuso Promoambiental. Resulta que el 31 de marzo pasado fue la primera audiencia de selección de la tutela y allí se encontraba presente el magistrado Alejandro Linares.

No fue escogida esa tutela porque no tiene relevancia constitucional, no se está atendiendo ninguna discusión de fondo sobre un derecho fundamental. Lo curioso es que después el magistrado Linares solicitó a los demás magistrados revisar esa tutela, pero ya no bajo la égida de una discusión del servicio público o la supuesta violación a un derecho fundamental, sino porque le parece que la Corte Constitucional debería poner mayores limitantes a los jueces ordinarios que quieren discutir o analizar las decisiones de los tribunales de arbitramiento.

Esto es sumamente importante porque Colombia con el trasegar del tiempo ha venido construyendo garantías judiciales cada vez más superiores y modernas para permitirles a todos los ciudadanos enfrentar el llamado a la justicia bajo un debido proceso. Antes teníamos procesos de única instancia en materia penal y después de muchos años la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Corte de Constitucional establecieron que había una violación al debido proceso cuando en los procesos de única instancia se daba una sentencia y ya no podía la persona defenderse. Entonces se generó esa garantía judicial para tener la doble instancia.

El tribunal de arbitramento es una sentencia de única instancia, no entenderíamos por qué la Corte Constitucional a través del magistrado Alejandro Linares pretendería que esa sentencia no pueda ser analizada y que cuando los jueces arbitrales se declaran competentes, nadie ni nada los pueda afectar, volviéndolos infalibles.

Eso nos llamó la atención, sobre todo cuando vemos que en el fondo lo que se busca es premiar el interés de una persona que quiere que le den más plata.

¿Si la Corte Constitucional falla a favor de Promoambiental y dice que el tribunal de arbitramiento sí tenía la potestad de decidir sobre la tarifa, como se verían afectados los bogotanos?

La tarifa del barrido público es una tarifa que se conforma entre todos, no es una tarifa que una sola empresa pueda decidir a pesar de ser entidades tarifarias.

Se calcula con una fórmula que establece la ley y que trae la licitación en donde los operadores indican sus costos de barrido. Los kilómetros los dicta un plan de gestión de riesgos hecho por la Alcaldía de Bogotá con base en el Plan de Desarrollo que dice “oiga, yo quiero que atendamos más esta zona, aquí no barramos porque no se necesita porque no hay una buena afluencia de personas, en esta avenida no barramos tal separador, pero barramos este lado”. Es un estudio técnico que hace parte de la licitación. En la fórmula cada uno debería colocar su costo de barrido y el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional) le decía los kilómetros que debe atender.

Eso fue lo que se alteró. Cuando cada uno de los operadores indica su costo de barrido y se divide por el número de usuarios de Bogotá, la intención es que todos los bogotanos tengamos derecho a acceder a áreas de la ciudad bajo un mismo precio.

Lo que hicieron ellos fue disparar los kilómetros, diciendo que ellos barrían más, algo que no han podido acreditar porque no han aparecido más residuos en el relleno sanitario, han desaparecido. Cuando ellos disparan esa tarifa, el resultado final sube para todos los bogotanos y eso va a pasar en el resto del país porque los operadores de las de las otras ciudades van a decir entonces yo también barro más.

¿Cuándo se pronunciaría la Corte Constitucional sobre la tutela?

El reglamento establece que ellos se pueden reunir y creemos que lo van a hacer antes de que finalice este mes. Ahí, me imagino, conoceremos si van a establecer supuestamente un control a los jueces arbitrales para aumentar la tarifa en Colombia y beneficiar a un particular o si van a respetar los precedentes que existen ya.

Promoambiental tiene un abogado que trabajó para Gustavo Petro y a un familiar de Verónica Alcocer, ¿eso podría tener algún tipo de influencia?

Antes de agosto del año pasado, cuando surgió esta llegada de la izquierda al Gobierno, Promoambiental era una empresa conocida como “de derecha”. Ellos habían contratado Néstor Humberto Martínez para que presionara los ejecutivos de Proceraseo e inclusive creemos que el laudo arbitral se sembró desde la oficina de ellos.

Cuando les anularon el laudo cambiaron de abogado y de junta directiva y se volvieron progresistas: contrataron como presidente de la Junta al señor Alberto Merlano Alcocer, que es tío de la primera dama; contrataron al exministro de Transporte del gobierno Santos (German Cardona Gutiérrez) y al ex secretario de la Presidencia de la República del gobierno Santos (Juan Mesa Zuleta).

Esa es la nueva junta directiva Promoambiental, y contrató al doctor Julio César Ortiz, que era el abogado de Petro, y traen a Humberto Sierra Porto, que era juez presidente de la Corte Interamericana cuando hicieron la denuncia de que la Procuraduría había despedido a Petro. Ese es el mismo Dream Team que logró traer al presidente Petro a la Alcaldía nuevamente en su época cuando lo destituyeron y ahora tienen a Ortiz.

Por nuestra parte, contamos con el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, que ha sido conocido por todos en Colombia con una persona absolutamente recta honorable y opuesta a toda la ideología progresista que representa el presidente Petro.

Nosotros con todas nuestras fuerzas queremos creer que eso no va a influir en el proceso. Por ahora, estamos esperando que la Superintendencia de Servicios Públicos le exija a Promoambiental la devolución de todos los recursos cobrados por ese exceso, porque actualmente el laudo arbitral no existe, no hay ninguna orden que les permitiera a ellos haber recaudado ese dinero en exceso de los suscriptores y usuarios del 2019 a agosto del 2022.