“No se ha hecho justicia”: hermana de Rosa Elvira Cely tras once años del feminicidio

Rosa Elvira Cely tenía 35 años y era madre cabeza de familia, cuando fue víctima de diferentes formas de violencia de género que llevaron a su muerte. Su caso estremeció al país y llevó a que, en 2015, se promulgara la Ley 1761, que lleva su nombre. Esta normativa logró calificar el delito de feminicidio como autónomo, para que así dejara de considerarse como agravante del homicidio.

Cely sufrió violencia sexual y empalamiento por parte de Javier Velasco, que hoy cumple una condena de 48 años de prisión. Él era su compañero en el Colegio Manuela Beltrán, donde la víctima estaba validando el bachillerato.

La noche de los hechos, ella misma informó a las autoridades lo sucedido mientras se encontraba herida en el Parque Nacional. Llamó a la línea 123 en dos ocasiones solicitando ayuda, pero el equipo del Centro Regulador de Urgencias no la encontró. Luego, unidades de bomberos y de la Policía Nacional pudieron hallarla y fue trasladada al Hospital Santa Clara.

Rosa Elvira permaneció cuatro días en cuidados intensivos. Sin embargo, falleció por la gravedad de las heridas. Frente a esto, hubo acusaciones de negligencia hacia las entidades que atendieron la emergencia por la atención en salud que le prestaron a la víctima.

De hecho, la Superintendencia de Salud sancionó con 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes al hospital por no brindar una adecuada prestación del servicio a la víctima. Pues, al ingresar a urgencias, fue calificada con Triage nivel 2, a pesar de la gravedad de su estado de salud.

El diálogo con Infobae, Adriana Cely, hermana de la víctima, dijo que once años después del feminicidio, no hay justicia ni para Rosa Elvira ni para su familia.

“No se ha hecho justicia. Porque justicia no es solo que tengan a un criminal detrás de las rejas, sino que, en este caso, específicamente, en el que se presentaron negligencias, se omitieron acciones, no se atendió a tiempo, todavía no ha respondido el Estado, que también es cómplice del feminicidio”, señaló Adriana Cely.

Pues, según la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia), asociación que acompañó a la familia Cely en un proceso posterior de demanda a entidades distritales, hubo demoras en la llegada de ambulancias al lugar, en la búsqueda de la víctima y en el traslado a un centro de salud.

En 2015, la familia de la víctima interpuso una demanda en contra varias entidades distritales por no haber garantizado la atención oportuna de Rosa Elvira Cely. Entre ellas, la Secretaría de Gobierno, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) y la Secretaría de Salud.

Luego, en 2016 se presentó un caso de revictimización en el que fue protagonista la Secretaría de Gobierno, cuando respondió a la demanda interpuesta por la familia de la víctima. La abogada Luz Stella Boada, del equipo jurídico de la entidad, culpó a Rosa Elvira por el feminicidio.

“(Rosa Elvira) puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto de que JAVIER VELASCO le cercenó su existencia; si ROSA ELVIRA CELY no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”, mencionó Boada en el documento de respuesta. Por eso, Miguel Uribe, secretario de Gobierno del momento, tuvo que pedir disculpas.

La Fiscalía General de la Nación también fue demandada por no procesar a Javier Velasco oportunamente. Según dhColombia, el agresor ya tenía una condena por haber asesinado a una mujer en 2002. También, cursaba una denuncia penal en su contra por el abuso sexual de sus hijastras y de una trabajadora sexual.

La demanda contra el ente acusador surgió entonces, porque, a pesar de la condena y las denuncias en su contra, Velasco seguía libre.

Para 2023, ocho años después de que la familia tomara acciones en contra del Estado, no ha habido justicia. “Hace como dos meses, en marzo, fue el proceso de entregar los alegatos, y no se hizo por audiencia porque la jueza no lo permitió así. Solamente presentarlos como documentos. Y, estamos a la espera de una pronta respuesta”, explicó Adriana Cely a Infobae Colombia.

Esta ley, que logró poner el delito de feminicidio como autónomo en el Código Penal, es diferencial porque el enfoque de género es su fundamento. Según esta normativa, dicho crimen ocurre cuando alguien causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer o por cuestiones de identidad de género.

La ley colombiana contempla circunstancias específicas por las que puede existir un feminicidio. Estas son:

1. Que, quien causó la muerte de la víctima, sea o haya sido cercano a ella, ya sea en entornos familiares, íntimos, de amistad, de trabajo o de convivencia. También, que haya sido perpetrador de actos de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial antes de cometer el crimen.
2. Que la persona atacante de la víctima haya cometido actos de instrumentalización de género o sexual sobre ella.
3. Que el agresor haya aprovechado su rango en relaciones de poder ejercidas sobre la mujer para cometer el delito.
4. Que existan indicios o antecedentes de violencia en contra de la víctima, perpetrados por el feminicida, aunque estos no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes.
5. Que el crimen haya sido cometido para generar terror o humillación.
6. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad por parte del feminicida.

“La ley pretende ser un instrumento para brindar garantías a las mujeres víctimas de feminicidio y violencia sexual, es un logro de la lucha de la familia Cely, organizaciones sociales y movimientos feministas”, dice dhColombia.

Por otro lado, esta nueva normativa plantea unas cláusulas específicas para prevenir casos de violencia de género. Entre ellas está la siguiente: “El Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley para iniciar el proceso de reglamentación que garantice la efectiva integración del enfoque de género a los procesos y proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media”, expone la ley.

Frente a esto, Adriana Cely dijo que no ha habido mayores avances en materia de educación con enfoque de género en las instituciones educativas de Colombia. “Se han solicitado muchos requerimientos al Ministerio de Educación y todavía no se tiene respuesta. Esto es lo que nos lleva a pensar que no hay una responsabilidad y una garantía por medio del Estado”, explicó la hermana de la víctima.

Añadió que, debido a la falta de respuesta de la cartera de Educación, todavía se presentan casos de violencia de género y feminicidio en el país, puesto que la cultura que valida la violencia machista permanece. Sin embargo, Cely hizo la salvedad de que la promulgación de la Ley 1761 de 2015 es de vital importancia para las mujeres.

“Es un avance para las mujeres y para los derechos de las mujeres. Pero, todavía nos falta esa respuesta del Estado frente a la prevención. Porque no podemos solo reaccionar cuando hay un feminicidio, nos toca reaccionar antes”, enfatizó para Infobae.