La ola de violencia en el país no da tregua, luego el atentado terrorista que ocurrió el miércoles 24 de mayo en Tibú, Norte de Santander, donde murieron tres personas y varias más resultaron heridas; del que se conocieron los responsables: fue la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Respecto al hecho violento, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, habló sobre el tema.
En diálogos con la revista Semana, el mandatario regional expresó que esta situación, “confirma una vez más que no hay ni sinceridad, ni intención, ni voluntad política del ELN”.
“Peor aún, el que descaradamente salgan a adjudicarse esta acción criminal le da al país una señal de que no hay interés real ante la generosa oferta del Gobierno del presidente Petro”, agregó entre líneas Espinosa.
De esta manera, el gobernador de Sucre hizo una respetuosa sugerencia: “al primer mandatario, a su comisionado para la paz y al equipo negociador para que no se dejen ver la cara e impongan con firmeza, la seguridad, el bienestar y los intereses de todos los colombianos”, dijo Héctor.
Es así que el mandatario regional manifestó en el medio mencionado que los homicidios se han duplicado en comparación con el 2022; también comparó que en el departamento para el año 2008 tuvo 95 crímenes como este, sin embargo, “el año en el que más se registraron asesinatos fue en 2021 con 223 muertes y este año ya reportamos 142. La seguridad va mal por el problema de las drogas y la juventud, estamos inundados de droga, de narcotráfico”, afirmó.
“La situación es bastante preocupante por el crecimiento de las bandas criminales, y la estrategia no es la adecuada, es insuficiente. Esto depende más de los Gobiernos nacionales que locales, pero no puedo eximir mi responsabilidad. Hay cosas que se nos escapan de las manos”, señaló Espinosa.
En cuánto a la organización criminal que más azota a Sucre, el gobernador de la región aseguró que es el Clan del Golfo. “Ahora hay una guerra entre unos norteños y el Clan del Golfo, eso tiene exacerbado ese problema de violencia, pelean el territorio por el mercado del microtráfico y las rutas del narcotráfico que salen por el mar Caribe, en frente nuestro”, indicó en entrevista para Semana.
Finalmente, Héctor Espinosa se refirió a la paz total en esta región, allí comentó que hace unos meses se registran los peores indicadores: más homicidios y la cifra en criminalidad están el alza. De esta manera, el gobernador afirmó que el presidente Gustavo Petro ha buscado la paz con los grupos que generan violencia, “pero me parece que le han visto la cara al Gobierno. Se están aprovechando de la buena voluntad del Gobierno para fortalecerse, como lo hicieron en el Caguán durante el mandato de Andrés Pastrana. Aquí estamos viendo el mismo fenómeno del Caguán versión 2023″, concluyó.
ELN se atribuyó atentado terrorista en Tibú
A través de un comunicado, el ELN aceptó su autoría en ese hecho delictivo por el que las autoridades ofrecían hasta 250 millones de pesos como recompensa.
Las víctimas mortales fueron dos policías y una mujer que perdieron la vida luego de que el Frente de Guerra Nororiental (FGNO) del ELN atacó una caravana de la Fuerza Pública que se movilizaba por vías nortesantandereanas, específicamente en el sector conocido como La Uno, cuando un bus de transporte público y una patrulla de la Policía pasaban por la zona.
“La más reciente acción tiene como escenario la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander donde el pasado 24 de mayo unidades pertenecientes al Frente de Guerra activan minado al avance al paso de una patrulla de la Policía Nacional”, informaron los guerrilleros en el comunicado.
Aseguraron, además, que sus actuaciones bélicas correspondieron a los enfrentamientos que vienen desarrollando contra las disidencias de las Farc y lo que llamaron “estructuras narco-paramilitares” en las que, lamentablemente, perecieron uniformados y civiles.
Los guerrilleros, con los que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está negociando la paz en estos momentos, intentaron justificar su ataque terrorista con el argumento de que era una respuesta a las “intimidaciones” por parte de la Policía y del Ejército, y aseguraron que se vieron obligados a esas actuaciones.