OEA expresó preocupación por dinámicas de grupos ilegales en Colombia

Dentro del más reciente informe publicado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos –Mapp/OEA–, este organismo no solo le dio un nuevo espaldarazo a la política de Paz Total del Gobierno nacional, sino que reveló un negro panorama sobre el control del Estado en algunas zonas del país y el dominio total de grupos armados ilegales en esos territorios.

Dentro del apartado ‘Afectaciones a la población civil’ fue mencionado el control social e imposición de una justicia de facto por parte de actores armados ilegales a falta de institucionalidad. Al respecto, la OEA detalló que el dominio territorial es una de las principales herramientas ejecutadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), el ELN y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

Sobre esta dinámica, el organismo multilateral indicó que los grupos armados ilegales “persisten en la imposición de justicia de facto como la expresión más significativa de este fenómeno, ya que conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población”.

Con estas acciones, dichos actores (y la Segunda Marquetalia en menor medida) refuerzan su poder y la capacidad de dominar a grupos poblacionales y sectores económicos concentrados en zonas rurales donde hay poca o nula presencia gubernamental y estatal.

La OEA expresó altos niveles de preocupación por varias medidas de control y dominio hechas por actores ilegales. Dentro de las más críticas, mencionaron las limitaciones a la movilidad terrestre entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana en Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo; pero si bien en algunas zonas la franja horaria es más amplia, todas están de acuerdo con que hay férreas restricciones para transitar de noche.

En municipios como Anorí y Campamento (Antioquia), el Estado Mayor Central tiene vallas instaladas en las que fijaron normas de tránsito y medidas como el control de velocidad, la prohibición del uso de caso para motociclistas y de carros con vidrios polarizados. Además, los vehículos que circulen por esas zonas deben hacerlo con los vidrios abajo.

Persiste también la obligatoriedad de afiliación a las Juntas de Acción Comunal (JAC) así como la participación (también obligada) en actividades comunitarias y la carnetización de la población, incluyendo comerciantes. Incluso, funcionarios de instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que quieran transitar por estas zonas deben tramitar un permiso ante el comandante del grupo ilegal presente allí, “indicando en ocasiones el nombre, placa del medio de transporte y número de ocupantes”.

Entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) han presentado restricciones en la movilidad por parte de grupos ilegales en zonas rurales de Antioquia, Arauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

Por otro lado, las AGC en Córdoba tienen prohibido el uso de prendas rojas o de color verde oscuro y elementos que cubran el rostro como pasamontañas, gorras y gafas negras. El EMC exigen en Naiño y Cauca una carta de autorización firmada por el comandante de la unidad presente en esos territorios para que puedan circular allí. También piden pruebas clínicas de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“En el departamento de Arauca y las regiones del Catatumbo, Centro de Caquetá y Sur de Bolívar, el ELN y el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia FARC-EP prohíben a la población comercializar y consumir drogas ilícitas”, aseguró el 34° informe del secretario General de la OEA, Luis Almagro, al consejo permanente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz.

En Guaviare y Sur de Meta, facciones pertenecientes al EMC imponen a la población medidas de regulación ambiental. En ese orden, actividades como la caza, la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la apropiación de terrenos baldíos y la explotación de recursos maderables en áreas protegidas acarrean multas desde diez millones de pesos hasta el uso de la violencia física.

Ante estas y otras medidas impuestas por los grupos armados ilegales en varias zonas de Colombia, la OEA hizo un llamado perentorio a entidades como los ministerios de Interior, Justicia, Defensa y a la oficina del alto comisionado para la Paz a implementar mecanismos y avanzar en estrategias no solo para la retoma del control territorial y avanzar en la política de Paz Total que, según Danilo Rueda, está próxima a iniciar su segunda fase en zonas críticas de conflictividad entre la fuerza pública y estructuras ilegales.