La directora del CNE tiene en jaque a César Gaviria y al Partido Liberal

El Consejo Nacional Electoral, en cabeza de la magistrada Fabiola Márquez Grisales, prepara un documento que podría afectar al Partido Liberal y que tendría efectos en las próximas elecciones regionales a realizarse en el mes de octubre.

La Unidad Investigativa del periódico El Tiempo publica apartes del texto que estaría preparando la CNE, en el cual se afirma que el Partido Liberal, presidido por el expresidente César Gaviria Trujillo, habría violado las normas constitucionales. Según un asesor del Consejo Nacional Electoral, se verificó que la convención, asamblea o congreso nacional de la colectividad debía realizarse el pasado 24 de mayo de 2022, pero que nunca se realizó.

Una fuente de este diario cercana al Partido Liberal indicó que esa colectividad “respetará las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral; cabe anotar que las decisiones han sido tomadas en consenso con la clase dirigente liberal”.

Además, afirmó que la convención liberal está prevista para después de octubre, mes en el que se llevarán a cabo las elecciones regionales en las que se elegirán, entre otros, a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados.

Fabiola Márquez, que fue elegida directora del CNE en septiembre de 2022, tiene vínculos con el llegó a este cargo con el apoyo del presidente Petro y con el aval del Pacto Histórico. Por esos apoyos se considera que la magistrada es la ficha del presidente en la corte electoral, que además es conformada por representantes de los otros partidos políticos.

Fabiola Márquez Grisales es egresada de la Universidad Santo Tomás; también es administradora pública territorial y municipal de la Escuela Superior de Administración Pública; magister en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia (Italia) y cuenta con una especialización en Gestión Pública, Derechos Humanos y Derecho Procesal.

En su perfil en el CNE indica que tiene “más de 20 años de experiencia profesional en entidades públicas del orden nacional, como la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior”.

Otro de los vínculos que tiene con el actual mandatario es que perteneció al gobierno de Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá. De 2012 a 2014 fue asesora de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Gobierno, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad; directora encargada de la Unidad Administrativa Especial UAESP en 2015; directora de Defensa Judicial y de Control de Gestión de Aguas de Bogotá, personera local de Chapinero y personera delegada en Derechos Humanos y Asuntos Disciplinarios.

En 2018 fue contratada “para acompañar y hacer seguimiento del cumplimiento y desarrollo del estatuto de la oposición”, según dos contratos alojados en Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública). El primero de ellos tiene vigencia desde septiembre hasta diciembre de ese año, y entre las labores a su cargo estaba “acompañar en la búsqueda de material y jurisprudencia que sea requerido para debates de control político de la Segunda Vicepresidencia de la Cámara”.

El contrato que fue firmado por tres meses y fue por 25 millones de pesos. En 2019 firmó un nuevo contrato con la Segunda Vicepresidencia de la Cámara, teniendo las mismas condiciones laborales, pero esta vez por un total de $31 millones de pesos. La vigencia del contrato era hasta julio de 2019.

Además, el diario El Tiempo agregó que dentro del Partido Liberal hay malestar ya que ven que se está promoviendo una “toma hostil” por parte del gobierno Petro, ya que se está pidiendo que la colectividad haga la convención anual con el fin de elegir a un nuevo director o ratifique a César Gaviria. Por su parte el CNE ya avanza en la ponencia que podría afectar a ese partido.