El 25 de mayo se llevó a cabo una nueva audiencia en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, por denuncias de irregularidades contractuales, financieras y operativas en el Coliseo de Gaira.
El Tribunal Superior de Bogotá, en dos audiencias distintas, negó la detención domiciliaria que solicitó la Fiscalía General de la Nación, argumentando que los fiscales al frente del caso no presentaron evidencias suficientes para demostrar que existió una supuesta actividad delictiva continuada.
La Fiscalía solicitó la detención domiciliaria porque, hasta el momento, el gobernador Caicedo registra treinta denuncias que apenas están en etapa de indagación.
Si bien la Procuraduría, en representación del Ministerio Público, señaló que existen pruebas para asegurar que Caicedo incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, el Tribunal Superior insistió en que no se logró demostrar que si sigue en el cargo, podría incurrir en nuevas faltas.
Por su parte, el también exalcalde de Santa Marta se declaró inocente e insistió en señalar a la Fiscalía de organizar una persecución judicial en su contra que, según dijo, “tiene el propósito de impactar en las próximas elecciones”.
Carlos Héctor Tamayo Medina, magistrado ponente del caso, indicó a la Fiscalía que no puede confundirse las denuncias presentadas en contra de Caicedo con conductas delictivas presuntamente cometidas, porque ello no implica un antecedente penal ni un delito, y no se puede desconocer la presunción de inocencia del imputado.
“Para que tuviera un sustento jurídico la tesis del fiscal, ley tendría que decir, “la probable continuación de la conducta delictiva”, si la ley dijera eso, con todo el gusto le daríamos la razón al fiscal, pero la ley no habla de la probable continuación delictiva. Habla es de la continuación de la actividad delictiva y eso hace relación a un juicio categórico, no hipotético ni problemático en términos de probabilidad, sino, como hecho cierto”, dijo el magistrado.
El contrato del Coliseo de Gaira se suscribió el 28 de octubre de 2015 por un valor de 2.682 millones de pesos. El propósito principal de esta contrato era la adecuación y mejora en la infraestructura del polideportivo. Según las acusaciones de la Fiscalía a Caicedo, se habría detectado un posible robo de aproximadamente 690 millones de pesos.
Caso Parque del agua en Santa Marta
El miércoles 24 de mayo, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por irregularidades en la construcción del Parque del agua, ubicado en Santa Marta.
Según el ente acusador, la obra habría empezado con un presupuesto de 8.400 millones de pesos y terminó con un costo superior a los 16 millones de pesos.
“Se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de 3.200 millones de pesos para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación y estudios previos que sirvieran de base para demarcar el marco jurídico de lo que se estaba acordando”, señaló el órgano de control.
La Procuraduría decidió proferir a Caicedo dos cargos: falta gravísima cometido a título de culpa gravísima y falta grave con culpa grave, pues aclaró que el contrato debió “ser precisado de manera completa, puntual y clara, pues es la forma como los interesados podrían no solo conocer con cierto grado de certeza qué es lo que la administración pretende con el contrato, sino que llevar el objeto a la indefinición permite que la selección carezca de objetividad en la evaluación de la oferta”.
La entidad también formuló cargos contra Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta entre 2016 y 2019 y a quien Caicedo ha puesto a sonar como candidato para la Gobernación del Magdalena en las elecciones regionales de octubre. Y a los exgerentes de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture (2015), y Sánder Alfonso Rodríguez (2016 – 2018).
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