Sobre las 8:00 de la mañana del miércoles 24 de mayo se inició el primer día de audiencia única de aporte a la verdad del sargento (r) del Ejército, Bernardo Alfonso Garzón y dos exmilitares más (Gustavo Arévalo Moreno y Óscar William Vásquez Rodríguez), por su presunta participación en las desapariciones ocurridas en la retoma del Palacio de Justicia.
En la primera parte de la diligencia, Garzón Garzón, investigado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el delito tortura agravada, negó haber participado en la operación de retoma, pues según él, en ese momento se encontraba de vacaciones en Cali. En ese orden, negó tener participación en la desaparición de trabajadores de la cafetería del recinto.
Cuando regresó de vacaciones –según su testimonio– no tuvo contacto con agentes de la fuerza pública relacionados con los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Cuando la magistrada le preguntó si no le levantaron su periodo de descanso tras la crisis en Bogotá teniendo en cuenta que estuvo infiltrado en el M-19, el exmilitar lo negó.
“No me suspendieron ningunas vacaciones, era imposible contactarme, y el conocimiento que yo tenía del M-19 era muy pobre porque era una estructura de un cuarto, o quinto nivel. El único personaje de relevancia era José del Carmen Cuesta”, respondió.
En ese sentido, el compareciente reiteró que mientras fue agente del Estado, estuvo infiltrado en el M-19 “por iniciativa propia” y no por orden de algún mando militar.
“Yo le estoy hablando del M-19 hasta el momento en que ese grupo se da cuenta que yo soy del Ejército. No tengo la fecha exacta de esa acción –su ingreso a esa guerrilla– si fue en mayo, junio... Fue en el año 1985. A partir de ese momento me llevan al puesto de mando para salvaguardar la vida y no estar más en la calle. Durante unos pocos días trabajo como analista”, explicó también Garzón Garzón ante las preguntas hechas por el abogado de las víctimas.
Procuraduría y víctimas pidieron su expulsión
Luego de haber negado su complicidad en la operación de retoma, tanto la procuraduría delegada ante la JEP como los representantes de víctimas pidieron excluir al sargento retirado del tribunal de justicia transicional. Al respecto, Sandra Lucía Yepes, funcionaria del ministerio público, dijo que de acuerdo a la comparecencia del exmilitar, el proceso debe volver a la justicia ordinaria.
“Es inevitable que la respuesta a él sea negativa y el proceso se devuelva a la mayor brevedad posible para que a las víctimas tampoco las sigan dilatando y dilatando más”, manifestó Yepes. Francisco Lanao, hijo de Gloria Isabel Anzola (desaparecida en la operación), le pidió al exmilitar contribuir a la verdad, pues durante su testimonio también negó la existencia de un pacto de silencio entre la fuerza pública para no mencionar lo ocurrido en el Palacio de Justicia.
“(...) Es como si hubiera una intencionalidad. Es como si fuera una forma sistemática (...). Yo si le pido algo (a Garzón Garzón), ayúdenos con la verdad”, dijo el familiar de la víctima.
“Es claro, para el Ministerio Público, que están dados todos los presupuestos para que su defensa, que es lo que ha venido a hacer aquí, la haga en el escenario de la jurisdicción penal ordinaria”, agregó la delegada de la Procuraduría.
Incluso, otras víctimas solicitaron la continuidad de la diligencia que fue suspendida en la tarde del miércoles 24 para ser reanudada el jueves 25 y viernes 26 con los mayores (r) Arévalo Moreno y Vásquez. El primero también ha negado las desapariciones (las llamó ‘malas identificaciones‘), mientras que el segundo podría entregar nuevas pruebas sobre lo ocurrido. Garzón también manifestó que hará aportes novedosos pese a lo declarado el miércoles.