Exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción, sigue hospitalizado y no ha podido ser trasladado a la cárcel: qué fue lo que le pasó

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ―Inpec―, entidad encargada de las personas privadas de la libertad, informó a través de un comunicado que el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub tuvo que ser hospitalizado en la Clínica Universitaria de Montería (Córdoba). “El esquema de seguridad de privado de la libertad se ha mantenido sin novedad alguna y se le han brindado las respectivas garantías”, dijo la entidad.

Pretelt fue capturado en la noche del 5 de mayo luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena emitida en 2019 por la Sala Primera, en la que se lo halló culpable de recibir sobornos para influir en el trámite de una tutela promovida por la empresa Fidupetrol.

Desde ese momento, se esperaba que fuera trasladado al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, en la tarde del sábado 6 de mayo, pero su representante legal, José Darío Salazar, ha venido asegurando que el exmagistrado presenta problemas cardíacos y pulmonares, por lo que viajar a la capital podría comprometer aún más su salud. Inclusive, se le practicaron exámenes médicos que arrojaron que padece de un cuadro de tensión arterial, motivo por el que se suspendió su traslado a Bogotá.

No obstante, según indicó recientemente la revista Cambio, el motivo por el cual el exmagistrado está hospitalizado desde hace 15 días sería su salud mental.

De todas formas, los problemas de salud de Pretelt son el argumento que está usando el abogado Salazar para solicitarle al Ejército que le permita a Pretelt cumplir su condena en una guarnición militar en el departamento de Córdoba y no en el pabellón de funcionarios públicos condenados de la cárcel La Picota, como se tenía previsto inicialmente.

Por lo pronto, Pretelt está bajo la custodia de un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GROPE) del Inpec, según señaló esa misma entidad. “Desde el Instituto estamos prestos para que una vez que se le dé el alta médica, se cumpla la orden judicial de trasladarlo al Establecimiento de Reclusión que corresponda”, se lee en el comunicado.

La captura de Pretelt Chaljub se cumplió por orden de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que encontró probado que el exmagistrado solicitó al abogado Víctor Pacheco, apoderado de Fidupetrol, una suma de 500 millones de pesos para adelantar gestiones en la Corte Constitucional con el fin de sacar adelante una acción de tutela interpuesta por esa empresa en contra de un fallo de ese tribunal, que la obligaba a pagar una multa de 22.500 millones de pesos y un interés del 10,5% en favor de la Gobernación de Casanare.

Aquella decisión fue adoptada por unanimidad por cuatro conjueces y ratificó la decisión que había tomado la Sala Primera de interponerle el pago de la condena en una cárcel. Sin embargo, modificó la multa, fijándola en 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurridos de los hechos, y redujo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas a 64 meses y 15 días.

El expediente del caso se remonta al 2013, cuando el representante legal de Fidupetrol y el exmagistrado Pretelt se reunieron en el apartamento de este último en Bogotá. Ambos llegaron al acuerdo de que se nombrara como apoderado a Rodrigo Alonso Escobar para que se encargara del trámite de la tutela, y que este se reuniera con el magistrado ponente del caso, Mauricio González Cuervo.

Luego, trascendió que Pretelt le expuso al magistrado González la situación de la fiduciaria y su intención de mediar para que la tutela se resolviera favorablemente. Pero, en febrero de 2015, el propio González denunció la actuación de Pretelt Chaljub ante la Comisión de lnvestigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por lo que en abril de ese mismo año tuvo que rendir indagatoria por el delito de cohecho propio.

No obstante, Pretelt terminó siendo condenado por concusión, porque abusando de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional solicitó de manera indebida la suma de 500 millones de pesos a cambio de que la tutela presentada por Fidupetrol tuviera éxito.